El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha aprobado por "unanimidad" el dictamen sobre el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora elevada por el Ayuntamiento de Sevilla del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como la plusvalía, sobre la que reconoce que "nos preocupa que el Ayuntamiento no haya efectuado las previsiones de ingresos en relación a la recaudación prevista, más aún cuando han sido incluidos en los presupuestos aprobados para 2022".
En el dictamen, consultado por Europa Press, el Consejo apunta que ha consultado al Ayuntamiento sobre el "porcentaje que representaría la nueva regulación del impuesto respecto a los ingresos propios de la Corporación", a lo que "nos ha respondido que resulta imposible realizarla de manera rigurosa en estos momentos".
En cualquier caso, el dictamen del CESS es "favorable" a la propuesta de modificación que ha planteado la Delegación municipal de Hacienda para cumplir con las sentencias del Constitucional y el Supremo y con la nueva regulación del impuesto dada por el Real Decreto de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El CESS considera, igualmente, "oportuno" que el Ayuntamiento, tras la aprobación de la ordenanza, "inicie campañas informativas a la ciudadanía sobre la nueva regulación del impuesto, los nuevos métodos de estimación, así como de la puesta en marcha de un simulador web de la Agencia Tributaria municipal que facilite las declaraciones-liquidaciones a los sujetos pasivos del impuesto".
El CESS "comparte" que quienes se sometan a la tributación sean "únicamente los que experimenten un incremento del valor del suelo urbano objeto de transmisión; esto es, incremento real y no potencial o presunto para la realización del hecho imponible".
Valora, por último, que vaya a gravar la plusvalía generada en menos de un año, lo que "unido a la mayor gravosidad de los importes declarados en transmisiones en las que hayan transcurrido menos de cinco años de la anterior" puede servir para "limitar las prácticas especulativas".
No obstante, "sería conveniente --recoge el dictamen-- introducir modulaciones a la baja en las transmisiones que se producen en estos periodos de menos de cinco años si al menos una de ellas es mortis causa, así como otras que pudieran tener cabido de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente".
Los objetivos de esta modificación son cumplir con el principio de capacidad económica, no someter a tributación situaciones en las que no ha habido incremento de valor de los terrenos previa acreditación por parte del contribuyente y eximir del pago del impuesto las transmisiones de bienes dentro del Conjunto Histórico-Artístico o que hayan sido declarados de interés cultural atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico Español, siempre que se hayan realizado a cargo de su dueños o titulares obras de conservación, mejora o rehabilitación, y los inmuebles tengan un nivel de protección A o B (protección de edificios singulares).
Asimismo, se da al contribuyente la opción de elegir el que considere más beneficioso entre dos métodos para el cálculo de la cuota tributaria, ha explicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
"Estas modificaciones adecuan el impuesto a la capacidad económica del contribuyente y, en consecuencia, mejora los principios tributarios de la progresividad, la igualdad y la equidad, al tiempo que da opciones para el cálculo según la circunstancia más ventajosa para el propio contribuyente, refuerza la estrategia municipal de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y limita las prácticas especulativas en transmisiones realizadas en periodos cortos de tiempo que suponen una subida de los precios inmobiliarios, en especial de la vivienda", ha resumido la edil de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya.
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