El Ayuntamiento de Coria del Río ha dado luz verde a una propuesta que solicita la paralización de nuevas licencias relacionadas con actividades mineras en la provincia de Sevilla, ante la preocupación por sus efectos sobre el medio ambiente y, en concreto, sobre el río Guadalquivir. La moción, impulsada por Andalucía por Sí y apoyada con enmiendas del PSOE, fue debatida y aprobada en la última sesión plenaria de la corporación local.
Con esta medida, el consistorio que preside Modesto González quiere poner el foco en los vertidos procedentes de los proyectos extractivos previstos, considerando que representan una amenaza directa para el entorno natural del municipio y su entorno fluvial.
En concreto, los andalucistas señalaban el nuevo proyecto de mina subterránea con una planta polimetalúrgica que promueve Cobre las Cruces, participada por la multinacional Fisrt Quantum y responsable del anterior proyecto de mina de cobre a cielo abierto en suelos de Gerena, Salteras y Guillena; donde plantea esta otra nueva actuación.
Además, señalan el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera, marcada por la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Al respecto, el alcalde de Coria mencionaba en el pleno el estudio de investigadores de la Universidad de Sevilla que recomienda no pescar albures por una posible contaminación por metales pesados en ejemplares de dicha especie capturados, extremo que estos científicos atribuyen a los vertidos al río procedentes de la actividad de la mina de Cobre las Cruces y sus vertidos al Guadalquivir.
A ello, según el primer edil, se sumaría el controvertido proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, que implicaría "desaguar todos los lodos (contaminantes) acumulados durante años" en el recinto desde su cierre y un nuevo vertido continuado asociado a la reactivación del complejo.
La reapertura de la mina, según la entidad promotora, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
Pero según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Se trata, según los grupos ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc.
Para el alcalde de Coria, resulta "fundamental una moratoria" o suspensión en la concesión de nuevas autorizaciones para explotaciones mineras, al objeto de que "no haya más afección al estuario", siendo la propuesta aprobada con el apoyo de los andalucistas, el PSOE y Vox y el voto contrario del PP, que gobierna la Junta, administración que defiende que el río Guadalquivir "está más que analizado y monitorizado". "Toda actividad que se autoriza en Andalucía, sin excepción, pasa por un examen exhaustivo por parte de los servicios técnicos de la Junta", defiende el Gobierno andaluz del PP.
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