Este lunes se cumple un mes de la muerte del guardia civil jerezano Agustín Cárdenas, de 52 años, tras ser arrollado de madrugada por un turismo que iba a más de 180 kilómetros por hora y al que sus compañeros venían persiguiendo desde el área de servicio la Palmosa, en la carretera de Jerez-Los Barrios. Agustín aguardaba de pie para darle el alto en un operativo a la entrada de Jerez, en el kilómetro 0 de esta autovía, la A-381.
No estaba solo. En el interior del vehículo de servicio se encontraba su compañero de turno, testigo directo del suceso, como también lo son los agentes de la persecución. Pero el guardia civil fallecido no tuvo opción a nada: el coche se lo llevó por delante y continuó su marcha estrellándose contra otro turismo en el que circulaban un hombre y dos mujeres de la misma familia en una aparatosa colisión frontolateral. Ellos sí se salvaron. “Nacieron ese día. Se podían haber matado todos”, señala Pablo Martín Bejarano, el abogado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ejerce la acusación popular. A continuación fueron detenidos por los funcionarios que “nunca le perdieron la pista y le iban pisando los talones” aunque el final del dispositivo fuera dramático.
Todas estas personas, a excepción del conductor del coche de la Guardia Civil, han prestado ya declaración en la fase testifical de la instrucción del caso que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción número 1. Uno de los últimos en hacerlo el pasado viernes fue el compañero de Cárdenas, que ya se ha incorporado a su puesto de trabajo tras pasar los primeros días “en estado de shock” y no poder siquiera asistir a darle el último adiós. Según traslada este letrado, todos coinciden en la rapidez con la que se desencadenó todo, dado que fue cuestión de segundos. “Fue todo muy rápido, es difícil incluso para él precisar”, mientras que los guardias civiles que perseguían al detenido, de 22 años, que dio positivo en cocaína, y que está en prisión preventiva sin haber querido aún declarar (en el juzgado se acogió por videoconferencia a su derecho a no hacerlo) “iban a una velocidad tan grande. Ellos estaban pendiente de la persecución”, agrega. En el coche viajaba otro menor de copiloto de 17 años que quedó en libertad.
En cualquier caso, a falta de que testifique el conductor del coche de la Guardia Civil, la acusación popular cree que todavía “hay que avanzar más con la instrucción” y entiende también que la reconstrucción final de la Guardia Civil, con todos los informes de tráfico y las velocidades, será fundamental, dado que en la zona no había cámaras. “La luz (por el luminoso con el que Agustín daba el alto) se veía perfectamente y había espacio suficiente para pasar sin necesidad de pasar como pasaron, rozando incluso el coche policial”, precisa. Para la acusación popular, estas circunstancias se prestarían a calificar los hechos como un delito de asesinato, lo cual no descartan, si bien reconocen que es “bastante complicado” demostrar que ha habido “intencionalidad directa para apreciar asesinato. No lo descartamos pero tenemos que avanzar más en la instrucción”.
Lo que sí tiene claro el abogado de la AUGC y que sí le piden los funcionarios es que “se haga justicia”, y al detenido se le imponga “la pena que corresponda a los hechos”, la cual varía considerablemente si se califica como homicidio imprudente, cuya pena de prisión son “ cuatro años como mucho”, o como doloso, que tiene otros matices en el que las penas son de cinco a diez años de prisión”. “Vamos a pelearlo todo”, subraya. Aunque no son testigos directos, las pruebas testificales también se extenderán a los agentes de la Policía Judicial que hicieron el atestado, la patrulla de tráfico y Policía Local para ratificar su intervención la noche de los hechos.
Finalmente, el abogado de la AUGC no ejercerá también la acusación particular para representar por un lado a los padres del fallecido, y por otro, a su viuda. Así, un día antes de las declaraciones del agente que iba de copiloto en la persecución y el compañero de Agustín, se personó la acusación particular, que ejercerá el letrado Antonio Barrera, en representación de la esposa del agente. Barrera, de momento, ve prematuro hacer valoraciones. “Está muy afectada, este lunes hace un mes de los hechos. Todavía no está ubicada. Vamos a defender al máximo sus intereses. Desgraciadamente a Agustín no nos lo va a devolver nadie”, concluye.
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