El vicesecretario de Política Nacional del PP, Antonio González Terol, y la presidenta provincial del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, han mantenido un encuentro con el PP de Sanlúcar, en el también han participado diputados nacionales, autonómicos y senadores de la provincia, y en el que Mestre “ha tendido la mano al PSOE para trabajar en favor del empleo y la recuperación de la provincia de Cádiz”.
El lugar elegido fue el Paseo Marítimo, en las inmediaciones del Complejo Polideportivo Municipal. Mestre ha valorado que el “gobierno de la Junta de Andalucía está defendido a pulmón los intereses de la provincia que sin embargo se encuentra con un Gobierno de España que es incapaz de la respuesta a las necesidades que hoy tiene Cádiz”.
En otras, se ha referido a los riesgos que afrontan las industrias aeroespacial y naval con el peligro de pérdida de miles de puestos de trabajo y criticado la falta de reacción y ausencia del Gobierno de la Nación ante el serio peligro de pérdida de miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. La presidenta provincial ha destacado el valor de los sectores productivos de nuestra provincia que “son un referente internacional y son generadoras de empleo, han demostrado que somos capaces de competir en innovación y que merece la pena apostar e invertir en ellos”.
Para ello, defiende que es necesaria la complicidad de un gobierno de España en la provincia de Cádiz y ha pedido al Ejecutivo que se sume a las aspiraciones y reivindicaciones de esta provincia. Una invitación que ha hecho también extensible al resto de las instituciones y grupos políticos de la provincia, en especial al PSOE.
Por su parte Antonio González Terol ha pedido a los alcaldes gaditanos que se opongan a la intención de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de expropiar los ahorros de los municipios y en lugar de usarlos para la mejora de los servicios públicos, la creación de empleo y políticas sociales “gastárselo en financiar la fiesta del gasto público en la que ha convertido Sánchez cada Consejo de Ministros y en el que cada semana regala algo a Esquerra, Bildu, Junts per Cat o al PNV”, preguntándose qué tiene que decir el alcalde de Sanlúcar ante este atropello.
“El Partido Popular, ha añadido, decimos no al robo de los ahorros y no aceptamos el chantaje que pretende la ministra Montero de repartir como ella crea conveniente un dinero que es de los ayuntamientos. Es una invasión de la autonomía de los ayuntamientos que va en contra de la Constitución y ya anunciamos que si se lleva finalmente a cabo presentaremos un recurso de inconstitucionalidad”.
Igualmente, ha explicado que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso una proposición para reforzar la luchar contra la ocupación ilegal de inmuebles y en la que se pide el desalojo de los ocupas en un plazo máximo de 48 horas, la dureza de las condenas de uno a tres años de cárcel o el que las comunidades de vecinos puedan acudir a los tribunales cuando los okupas realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres”.
Según González Terol las administraciones públicas tienen que garantizar el acceso a una vivienda digna para todas las familias, pero también hay que defender el derecho a la propiedad y lo medios que existen actualmente para luchar contra la ocupación de viviendas son insuficientes.
Inversión en Sanlúcar
En otro orden de cosas , Ana Mestre ha repasado la apuesta que el gobierno andaluz está teniendo con Sanlúcar “invirtiendo para mejorar la seguridad tanto en medios materiales como humanos, con la contratación de 52 auxiliares, para garantizar unas playas seguras frente al Covid 19”.
Además, ha lamentado que el alcalde de Sanlúcar haya despreciado más de un millón de euros que la Junta de Andalucía iba a invertir en el municipio a través del Plan Aire para la puesta en marcha de un plan de empleo local. Como cara de la moneda, han recordado el abandono y falta de inversiones por parte del Gobierno Central en Sanlúcar en infraestructuras muy necesitadas y demandadas desde hace años como son la nueva depuradora o el Paseo Marítimo de la localidad, sobre los que los diputados populares ya han presentado iniciativas para reclamar su cumplimiento.
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