El delegado de Agricultura y Pesca, Rafael Louzao, se reunió el pasado viernes con miembros de la Asociación de Mariscadores de Sanlúcar, quienes les han trasladado la precaria situación que están sufriendo y que afecta hasta a 25 familias que se dedican a esta labor.
Dos son los problemas que sufren. Por un lado, alertan del notable incremento del furtivismo y reclaman a las autoridades competentes que tomen medidas para erradicar esta práctica ilegal. La asociación lleva años denunciando la presencia de furtivos en la zona AND1-11 que carecen de autorización y carné de mariscador reglamentario para ejercer esta profesión.
La profesión de mariscador está regulada mediante un carné profesional que expide la Delegación Territorial de Cádiz, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, la zona AND1-11 de playa donde marisquean está cerrada a causa de la presencia de toxinas. Esta situación se viene produciendo de forma periódica y han denunciado que en los últimos seis meses han podido ir a trabajar unos 50 días, 22 días en los últimos 4 meses, teniendo a la vista que próximamente se abrirá el periodo de veda.
Por ello solicitan al Gobierno local que inste a la Consejería de Pesca a que otorgue subvenciones que les permitan atender esta precaria situación. El delegado municipal les trasladó el “total apoyo” del Gobierno local.
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