Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de diciembre de 2002 estimó íntegramente el recurso interpuesto por el abogado de una familia de la Colonia de Monte Algaida, cuyas propiedades en La Dehesilla fueron objeto de un plan de reparcelación del que “nunca tuvieron conocimiento”, como queda recogido en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Por este motivo, ante la “falta de respuesta del Ayuntamiento de Sanlúcar” y varios años después, el TSJA ha procedido a embargar una relación de bienes de titularidad municipal que comenzarán a subastarse en breve para saldar así la deuda del Consistorio con esta familia, cifrada en 846.490 euros.
El caso se remonta a 1989, fecha en la que el Pleno del Consistorio aprueba la reparcelación de la unidad de actuación 172 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y referente a la zona de La Dehesilla. Diez años después, la familia sanluqueña, teniendo conocimiento de la situación a través de una nota simple en el Registro de la Propiedad, de que la parcela de su propiedad no constaba como tal, decide poner el caso en manos del abogado Víctor Rubiales, quien consigue que en el año 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dé la razón a la familia frente al Ayuntamiento de Sanlúcar, considerando que esta “no había recibido ni una sóla notificación a lo largo del expediente de reparcelación, habiéndosele originado indefensión y privado de su legítima propiedad” y reconociendo las “deficiencias del expediente administrativo”.
Esta sentencia no pudo cumplirse, ya que fijaba la devolución de la parcela a la familia, que, no pudo llevarse a cabo puesto que ya se había construido sobre los terrenos. Así, comenzó un nuevo litigio que culminó en 2007 con el acuerdo de la sala del contencioso administrativo del TSJA de fijar en 646.490,48 euros el importe a pagar por el Ayuntamiento sanluqueño a esta familia, determinado por un informe de tasación del valor de la finca (406.490,48 euros) más 240.000 euros en concepto de daño moral. La sala reprochaba al Consistorio que no hubiera presentado alegación alguna sobre la cantidad y consideraba su actuación como “reveladora de la pasiva actitud de la Administración demandada”.
Sin embargo, en 2008, y debido a que el Ayuntamiento no había saldado aún la deuda con esta familia, a petición del abogado de la acusación la sala segunda de lo contencioso administrativo del TSJA requirió al secretario municipal que remitiera una relación de bienes patrimoniales no afectados por uso público para asegurar el pago tanto de la cantidad señalada, así como de 200.000 euros que la sala ha fijado de momento en concepto de costas e intereses. De continuar el proceso judicial y no producirse un acuerdo antes entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y la familia, las propiedades que fueron señaladas por el TSJA en el último auto, de marzo de 2009, saldrán a subasta.
La familia, que ha dado a conocer públicamente la situación debido a la situación familiar que atraviesan, al tener 9 hijos y trece nietos, no descarta recurrir al Defensor del Pueblo y manifestarse ante el Consistorio para que se haga eco de la difícil situación en la que se encuentran, “agravada por la actitud pasiva y morosa del Ayuntamiento”, según han señalado a Información.
A pesar de que aseguran que “les consta” que la voluntad municipal pasa por llegar a un acuerdo de pago, la familia “a estas alturas ya no cree en ningún acuerdo que no se materialice por escrito o mediante convenio y con plenas garantías de cobro”.
VOLUNTAD DE PAGO
“La voluntad, el interés y la prioridad del Ayuntamiento está en liquidar esta deuda”, ha reconocido la gerente de Urbanismo en el Consistorio sanluqueño, Mónica González Pecci, quien además se ha mostrado de acuerdo al hecho de que la familia reciba una indemnización “dado el perjuicio que se le causó que fue por una mala gestión del Ayuntamiento en ese momento”. Ante la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya decidido señalar varias propiedades municipales no afectadas por uso público para sacarlas a subasta y, así, intentar saldar la deuda, la gerente de Urbanismo asegura que desde el Consistorio se están haciendo esfuerzos para llegar a un compromiso de pago pero que “la situación y la coyuntura económica actual no nos lo permite”. A la sazón, no existe liquidez en la Gerencia Municipal de Urbanismo - que ahora ha asumido la responsabilidad de este problema que se originó cuando este ente aún no se había creado - ni tampoco en el Ayuntamiento de Sanlúcar que recientemente ha aprobado un Plan de Saneamiento para hacer frente a la deuda de más de 100 millones de euros que arrastra la Administración local. Además, el hecho de que se trate de una familia, un particular, no ha permitido incluirlo en fórmulas como la operación de factoring que el Consistorio llevó a cabo para hacer frente a las sentencias firmas de deudas a proveedores. Por otro lado, en cuanto al tema urbanístico, la resolución de este caso posibilitaría el desarrollo de esa unidad de actuación en La Dehesilla, cuyo proceso de reparcelación fue declarado nulo a raíz de la denuncia de estos afectados.
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