¿Por qué guarda silencio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las críticas y graves acusaciones de la jueza Mercedes Alaya -primera instructora de los EREs-, lanzadas sin pruebas en una entrevista en el periódico ABC, contra el órgano de gobierno de los jueces, el TSJA, sus antiguos compañeros jueces de instrucción de Sevilla y su sucesora al frente del juzgado número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños -diana nuevamente de sus ataques-? Llevo repitiéndome esta pregunta desde el pasado lunes pensando, iluso de mí, que la respuesta llegaría al día siguiente.
Así las cosas, una semana después, nos encontramos que ante el escándalo de que una jueza conceda entrevistas para disparar contra todo bicho viviente, suframos otro escándalo: el salvoconducto, para decir lo que le dé la mismísima gana, que el Consejo le ha concedido a la magistrada al hacer sordina cómplice de sus mandobles dialécticos.
Con todo, lo más grave es que el CGPJ desatiende la principal función de su existencia, como reza en la cabecera de sus estatutos reproducidos literalmente de su página web: “La gestión de la administración de Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial”.
Analizados los ataques de Alaya -quien, por cierto, no asume ninguna autocrítica por los archivos o absoluciones de Mercasevilla, la formación y el Betis- y la inacción del Consejo, cabe preguntarse si este órgano está prevaricando o se está auto enmendado en su totalidad porque no ha reprendido todavía a la jueza por los ataques en los que cuestiona la independencia del Poder Judicial al denunciar presiones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y un pacto entre consejeros propuestos por PP y PSOE para apartarla de la causa de la formación, acusación de enorme gravedad desmentida por ambos partidos.
Tampoco ha defendido el Consejo a los jueces hostigados, ni al tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzga la pieza política de los Eres que puede sentirse perfectamente presionado por las valoraciones de Alaya en lo que es, según Baltasar Garzón,“una grave interferencia” cuando el juicio aún está en curso.Tan desamparados se han sentido, que acordaron reunirse en una junta losjueces de instrucción de Sevilla para defenderse de estos ataques -podrían ser, en ocasiones, injuriosos- y suplantar la inexplicable e irresponsable ausencia del CGPJ.
Posdata: Quedan 583 días para que finalice el injusto peaje de la AP4.
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