Sanlúcar

Denuncian irregularidades en la residencia de ancianos de Sanlúcar

Apuntan “negligencias profesionales” como causa de varias muertes. El Ayuntamiento circunscribe la denuncia a dos estudiantes en prácticas que fueron cesados.

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  • Residencia de ancianos. -

El Defensor del Paciente ha remitido una carta al fiscal jefe de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco García Cantero, para que inicie una investigación sobre la muerte de seis ancianos en la residencia de Sanlúcar de Barrameda  “por graves irregularidades y negligencias profesionales”.

Según indica la misiva, algunos de estos fallecimientos se produjeron “tras caerse los ancianos de la cama por presunta negligencia profesional, al dejar la barandilla lateral de la cama sin levantar, lo que provocó fracturas de caderas o traumatismos cráneo-encefálico, presuntas causas de la muerte de varios pacientes al menos en el último trimestre del año 2017”. Asimismo, desde el Defensor del Paciente han denunciado que hay varios ancianos “que encontrándose impedidos físicamente, y en estado preagónico, han sido sometidos a cuidados y tratamientos paliativos en el centro con morfina o buscapina a través de un dispositivo que bombea el medicamento muy lentamente con capacidad de 100 mililitros, en vez de utilizar bolsa de suero con mayor capacidad para hidratarlos simultáneamente”. Igualmente, han censurado que “no se encontraban sondados para alimentarse, ni supervisados durante la noche por un enfermero o médico” lo que “atenta”contra la Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.

Ante estas acusaciones, que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha conocido a través de la prensa, el Cabildo ha apuntado que en el año 2017 dos alumnos estuvieron realizando en la residencia de ancianos prácticas externas curriculares de medicina. “Dichos alumnos son cesados en dichas prácticas a consecuencia de la falta de diligencia en las tareas encomendadas y otras causas. Dichos alumnos instan a la residencia a considerar dicho cese para evitar una denuncia por su parte argumentando ‘mala praxis’”, señala el comunicado en el que se añade que con fecha 30 y 31 de enero y 16 de febrero, se recibieron varias inspecciones por parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio archivándose las actuaciones el 12 de marzo “tras las comprobaciones realizadas y pruebas recabadas”.

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