La depuradora de Sanlúcar de Barrameda será una de las 31 infraestructuras de este tipo que el Gobierno central asuma en el año 2018, con una inversión global de 230 millones de euros. Así lo ha anunciado este martes el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, durante un desayuno informativo que ha mantenido con los medios de comunicación.
En un desayuno informativo en Cádiz, Sanz ha concretado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy asume este reto para evitar la pérdida de fondos europeos y sanciones por no depurar aguas residuales y ha incidido en que el Estado asume estas infraestructuras " a pesar de que se trata de una competencia del Ejecutivo autonómico".
"Existe un compromiso de nuestro Gobierno para asumir la construcción de nuevas depuradoras, una tarea que la Junta de Andalucía debería tener lista desde hace 17 años, casi 18", ha remachado.
El delegado del Gobierno ha indicado que en enero podrá comenzar la culminación de 31 depuradoras del total de 148 que todavía faltan por ejecutar en la comunidad andaluza.
"Esto es muy importante para evitar que se pierdan fondos y para evitar posibles castigos", ha advertido Antonio Sanz, muy crítico con la Junta por "cobrar un canon a los consumidores para sufragar infraestructuras que no se han ejecutado".
"Nos preguntamos qué va a pasar ahora que se ha hecho pagar a los ciudadanos con un canon para la Junta de Andalucía y ahora va a ser otra administración la que asuma esos proyectos", ha añadido.
Sanz ha detallado que de esas 31 depuradoras, cinco son de la provincia de Cádiz y, en concreto, irán a Barbate-Zahara, San Martín del Tesorillo, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
El delegado del Gobierno en Andalucía también ha anunciado que el próximo mes se va a solicitar que se aplique en esta comunidad el decreto de sequía para atender las necesidades de las ocho provincias en un año de escasas lluvias.
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