La polémica por la herencia de la Duquesa de Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, vuelve mañana a los tribunales, con los recursos contra la sentencia que decretó que sus herederos reciban más de 33 millones de euros por los bienes que la aristócrata cedió a la fundación que creó.
La Audiencia de Cádiz será la encargada de analizar los recursos que se han interpuesto contra la sentencia del juzgado de Sanlúcar de Barrameda que en diciembre del 2015 dio parcialmente la razón a los tres hijos de la "Duquesa Roja", como era conocida.
Como reclamaban ellos, la sentencia consideró que la duquesa se había excedido al constituir en 1990 la Fundación Casa Medina Sidonia y dotarla con bienes, sin tener en cuenta la parte de ellos que el Código Civil obliga a reservar para los hijos.
Estos bienes eran el Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda, sede de la Fundación Medina Sidonia, y un archivo con más de seis millones de documentos (el más antiguo del siglo XII) considerado como el más importante de Europa.
Ante el nivel de protección de este patrimonio, declarado Bien de Interés Cultural, su "indivisibilidad" y "los serios inconvenientes" que plantearía su cotitularidad, el juez resolvió que la Fundación, de cuyo patronato forman parte el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar, paguen 33 millones de euros a los herederos (16 millones al hijo mayor, actual duque de Media Sidonia, cinco a los dos menores y seis a su viuda).
La Audiencia de Cádiz estudiará ahora los recursos de las partes a esta sentencia, entre ellos el de la Fundación Medina Sidonia, que, entre otros argumentos, señala que la legislación europea tiene primacía sobre la nacional.
"Es lo mismo que ha pasado con la sentencia de las cláusulas suelo, que la legislación que se tiene que aplicar es la europea", señala a Efe el abogado de la Fundación, Benjamín Muñoz Zamora.
En este caso, en su opinión, la legislación europea, que ampara la libertad de una persona de legar su patrimonio, tendría supremacía sobre el Código Civil español, que determina que hay partes legítimas de un patrimonio que corresponden a los herederos y sobre los que no se puede disponer libremente.
En su recurso, la fundación insiste en que se vulnera la voluntad de la duquesa, que fue dotar a los bienes con los que constituyó la fundación de un fin público y social.
El hijo mayor de la duquesa y actual duque de Medina Sidonia ha recurrido también la sentencia, al entender que los 33 millones de euros son insuficientes puesto que los bienes fueron valorados por los demandantes en 60 millones, según fuentes jurídicas.
La Audiencia de Cádiz también debe estudiar los recursos de los dos hijos menores de la duquesa contra otra parte de la sentencia, en la que se les condena a pagar las costas judiciales en lo relativo a su pretensión, que fue rechazada, de reclamar la iglesia de la Merced de Sanlúcar de Barrameda, donada por su madre al municipio en 1987.
La viuda de la duquesa, Liliane Dhalman, con la que convivió 25 años y con la que se casó poco antes de su muerte, cuando fue designada presidenta vitalicia de la Fundación por deseo de la aristócrata, también ha recurrido otra parte de la sentencia.
En su caso se trata de la pieza que anuló las ventas que le hizo la aristócrata antes de fallecer de unos terrenos y una casa en Zahara de los Atunes (Cádiz), y que los hijos reclamaban como parte de su herencia.
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