El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha indicado al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda que la solución a la "complicada situación" que atraviesa el municipio tras las ocupación de 86 viviendas vacías no es que la Junta construya más viviendas, sino que habrá que articular medidas que den una respuesta "inmediata" a las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social.
A preguntas de los periodistas sobre este asunto, Cárdenas ha argumentado que el problema "no se resuelve planteando que la Junta construya nuevas viviendas, en primer lugar porque no es posible, y en segundo lugar porque si las empezara mañana no estarían terminadas hasta dentro de tres años", con lo que "no se da respuesta al problema concreto".
A juicio del delegado territorial, la línea en la que hay que trabajar es en la que figura en el acuerdo aprobado por unanimidad en el último Pleno municipal, que pasa por determinar desde los servicios sociales qué familias están en riesgo de exclusión social y de emergencia habitacional, así como estudiar las posibilidades de intermediación con las entidades financieras que ostentan la propiedad de dichos inmuebles.
Asimismo, en cumplimiento del acuerdo plenario, "hay que encontrar la fórmula para garantizar a las personas en riesgo de exclusión social los suministros básicos para poder vivir en las condiciones más dignas posibles".
En este sentido, resume que lo que hay que hacer es determinar claramente quién está en una situación límite de vivienda y quien no y "actuar en función de las circunstancias con la ley y el derecho social por delante", señalando que la Junta está dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento.
Reflexiona Cárdenas que la situación que vive Sanlúcar y otras muchas ciudades en las que hay "viviendas sin gente y gente sin viviendas" es consecuencia del "especulativo" y "nefasto modelo de desarrollo" que ha habido en los últimos años en Andalucía y en España, que propició "una burbuja inmobiliaria que ha hecho que haya decenas de promociones terminadas desde hace años y no ocupadas".
Recuerda que, precisamente para dar respuesta a este asunto, la Junta de Andalucía impulsó la Ley de función social de la vivienda que, entre otras cuestiones, articulaba mecanismos para poner las viviendas de los bancos a disposición de las familias a través de un alquiler social.
En este sentido, enfatiza que al recurrir el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional esta ley que "garantizaba la vivienda como derecho", es el PP quien "se ha encargado de negarle el derecho a estas 86 familias a que puedan acceder a un alquiler social acorde a su situación económica".
