La actualidad se ha colado en la sesión plenaria ordinaria celebrada este jueves ya que, junto a los asuntos propios del Pleno, centrados principalmente en el proceso de liquidación de la empresa Emuvisan, se introdujo por parte del Partido Popular una moción que finalmente fue asumida por el resto de los grupos y votada por unanimidad, para exigir a las distintas administraciones de ámbito local, provincial, autonómico y estatal, el respaldo a la organización de las Carreras de Caballos, después de que en las últimas semanas se hayan sucedido las noticias sobre la negativa de la Junta de Andalucía a patrocinar el evento por falta de fondos y, el compromiso posterior de, al menos, asumir el coste del Gran Premio de Andalucía que venía patrocinando el Gobierno andaluz.
A pesar de estos avances, que fueron adelantados por la alcaldesa, Irene García, los grupos municipales apoyaron por unanimidad la moción destacando, por un lado, la defensa del evento como patrimonio del pueblo de Sanlúcar y no sólo de la Sociedad de Carreras de Caballos y, por otro, la generación de empleo y riqueza que el acontecimiento conlleva para la ciudad.
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Ya como punto del día el Pleno tuvo conocimiento del informe de liquidación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sanlúcar (Emuvisan), cuyas cuentas relativas a 2011 arrojaron un valor negativo de 370.000 euros, una cifra, según informó la delegada municipal de Vivienda, María José Valencia, inferior a la de 2010, cuando alcanzó el déficit de 443.000 euros. La contención de los gastos y menos sueldos son las causas de la disminución de las pérdidas de una empresa sobre la que los grupos de la oposición como Izquierda Unida o el Partido Andalucista coincidieron en destacar que no había cumplido con los fines para los que se creó al no haber podido llevar a cabo en los últimos años la construcción de viviendas protegidas. Antonio Prats reprochó al Gobierno local la paralización del proyecto de construcción de 47 viviendas en Bonanza, si bien la delegada del área le precisó que “sólo ha habido 18 personas interesadas y sabe tan bien como yo que si no tenemos el cien por cien los bancos no nos dan la financiación”. A estos vecinos, anunció Valencia, se les devolverá el dinero que entregaron como señal.
La gestión de Emuvisan volvió al debate en el punto cuarto del orden del día, que hacía referencia a una modificación presupuestaria para transferir fondos desde el Ayuntamiento a Emuvisan debido a que en el proceso de liquidación se había apreciado un error jurídico, ya que la recaudación procedente de los vecinos del Palomar, se destinaba al Ayuntamiento. El punto trajo la polémica al salón de Plenos, y mientras que Prats alertaba de una posible ilegalidad al no haberse detectado el error con anterioridad, algunos vecinos afectados reclamaban un dinero que, a su juicio, les pertenece y que debería ser empleado en la reparación de la Barriada. Sin embargo, según informaron tanto la delegada de Hacienda, Inmaculada Muñoz como la de Vivienda, María José Valencia, un acuerdo de 1998 señala que una vez las viviendas pasan a ser propiedad de los vecinos -actualmente lo son 808 de las 900 viviendas existentes en este complejo residencial- el Consistorio no tiene la obligación de asumir las reparaciones de las mismas, como sí venía ocurriendo hasta la fecha, invirtiendo desde Emuvisan el dinero recaudado a los vecinos en ejecutar mejoras en la barriada. Por parte de CIS, Juan Marín incidió en que se trataba de un error jurídico al que “se le ha intentado sacar jugo político”, mientras que el portavoz popular, Juan José Marmolejo, propuso que el asunto quedara, “ante la duda” encima de la mesa, tal y como pidió el concejal del PA, Antonio Prats, antes de debatir el punto.
El Pleno también dio cuenta de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las tasas para los kioscos, tras su modificación y tarificación por zonas, que contó el respaldo de todos los grupos, así como la aprobación de las tasas para el registro municipal de animales de compañía, propuesta defendida por el delegado de Salud y Consumo que se encontró con la oposición del PP en la tasa relativa a los animales de compañía no potencialmente peligrosos, de seis euros “para toda la vida”, y respaldo a la de los perros potencialmente peligrosos, de 25 euros cada cinco años.
Por unanimidad salieron adelante las propuestas del PSOE para instar a la Demarcación de Costas a colaborar en la limpieza de la playa y de IU relativa a la iniciativa popular de recogida de firmas para la dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
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