Los dos últimos alcaldes de San Fernando, José Loaiza y Patricia Cavada y sus respectivos concejales de Urbanismo, Ángel Martínez y Claudia Márquez, son objeto de las diligencias previas abiertas por el Tribunal de Cuentas por el impago del canon que debería satisfacer el Club Náutico Casería de Ossio desde que se entregó por el PP en 2012.
Las posibles responsabilidades contables determinadas por el Tribunal de Cuentas van en función del tiempo en sus respectivos puestos de cada uno de los actores, siendo de unos 100.000 euros en el caso de la alcaldesa Patricia Cavada y de su delegada de Urbanismo, Claudia Martes y de 20.00 euros para los dos políticos del Partido Popular. Ello se debe a que a los populares se les aplica lo correspondiente a 2012 hasta 2015 y a los socialistas desde ese año hasta la actualidad.
La anomalía contable responde a que desde la entrega del club no se había requerido el pago del canon por su utilización a la entidad que lo utiliza. Tras hacerse eco el interventor de esa circunstancias se inició un procedimiento de reintegro por alcance desde la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2019. Según ha explicado el Gobierno municipal, la cantidad objeto de cuestión es de 123.913,81 euros.
Desde el Consistorio se apunta que esta situación emana de un acuerdo plenario del año 2007 que abrió la puerta al uso de las instalaciones por parte del Club Náutico, y que desde entonces y hasta la actualidad todos los gobiernos de la ciudad han seguido el mismo procedimiento y la misma tramitación hasta julio de 2020, que es cuando se acuerda la resolución de la concesión demanial y la propuesta de liquidación de la misma, estableciéndose el importe a ingresar por parte de la entidad de 157.073,55 euros.
El Ayuntamiento ya ha dado traslado al Tribunal de Cuentas de esta liquidación, así como del hecho de que se ha continuado la tramitación hasta culminar con la garantía del abono de la cantidad estipulada, por lo que no hay menoscabo para las arcas municipales. De hecho, en ese sentido lo recoge un informe del interventor que también se aporta en el procedimiento, y que apunta que, habiéndose realizado la liquidación, se ha formalizado el derecho de cobro a favor del Ayuntamiento y la obligación de pago por parte de la asociación, quedando registrado así en la contabilidad municipal.
Dentro de la información ya trasladada se recoge que todas las cuestiones han quedado resueltas, salvo el mencionado procedimiento en curso del organismo fiscalizador.
El mencionado procedimiento del Tribunal de Cuentas afecta, en los términos y plazos establecidos por la normativa en cuanto a la responsabilidad contable, a los dos últimos alcaldes y de la ciudad, así como a los dos últimos delegados de Desarrollo Urbano/Urbanismo, con independencia de que los hechos fiscalizados remonten a años atrás y tengan su inicio en el acuerdo plenario del año 2007.
Por otro lado, el Ayuntamiento de San Fernando ha resuelto favorablemente la solicitud del Club Náutico Casería para abonar de forma fraccionada la cantidad adeudada, por lo que se espera que en el primer trimestre de este mismo año se comiencen a abonarse las cantidades estipuladas.
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