Actualizado: 14:42 CET
Martes, 02/06/2020

Cádiz

En jaque dos de los proyectos del Grupo Q en la Bahía de Cádiz

Urbanismo en Cádiz retiene la fianza depositada por la empresa a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por la Junta

  • Obras de demolición de la antigua Residencia Tiempo Libre.

El vertido ilegal de los escombros de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre en Cádiz al Racho Linares, en El Puerto, ha puesto en el disparadero a ambos proyectos, promovidos por el Grupo Q Hoteles. La Delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano ha paralizado la salida de camiones con escombros de la obra por este supuesto traslado de residuos a un vertedero ilegal. Asimismo ha retenido temporalmente la fianza depositada por la empresa encargada de las obras a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, se puso en contacto a comienzos de semana con la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, preocupado tras las informaciones recibidas por el posible vertido ilegal de escombros procedentes de esta obra. En conversación telefónica, Martín Vila solicitó al delegado de la Junta el acta o notificación sobre esta posible infracción a fin de actuar conforme a la legislación.

La Junta remitió al Ayuntamiento al final de la mañana del pasado martes el acta de inspección en la que notifica el informe desfavorable al plan de gestión de residuos presentado por la empresa encargada de la construcción del nuevo hotel, ante lo cual la Delegación de Urbanismo ha prohibido la salida de camiones con escombros procedentes de la obra.

Vila ha recordado que según el Reglamento de Residuos de Andalucía que establece las competencias de la Junta como de los ayuntamientos, dado el volumen de estos residuos, es la propia Junta de Andalucía la que debe asumir la vigilancia, inspección y sanción del destino de los residuos.

El concejal de Urbanismo ha explicado que al Ayuntamiento le corresponde, dentro del proceso de concesión de licencia de obras, aprobar el Estudio de Gestión de Residuos y que en este caso “se especificaba que la separación y tratamiento de los residuos de la obra se depositaría en un vertedero autorizado, hecho que no se ha producido”. Es por esto que como Ayuntamiento “hemos retenido la fianza pertinente que indica la normativa y que sólo se procederá a devolver cuando el promotor demuestre y garantice que el tratamiento de estos residuos se ha realizado conforma a normativa”.

En El Puerto de Santa María

Por otro lado, la empresa Q , además, tiene prevista la construcción de 1.260 viviendas en Racho Linares pese a que, tal y como denuncia Ecologistas en Acción, no cuenta con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que “es de nulo derecho”.

La organización advierte de que “de seguirse tramitando se podría incurrir en responsabilidades penales por presunta prevaricación”. Hoy está previsto que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento “proceda a aprobar el proyecto de urbanización”. “La carencia de EAE es lo que ha motivado la anulación del PGOU de El Puerto, por lo que es insólito e incomprensible que se sigan tramitando planes urbanísticos en base a este PGOU ilegal, y con el mismo error de no someterlos a EAE”, añade Ecologistas en Acción, que recuerda además que el proyecto se inició “con una modificación del PGOU a la carta aprobada en 2011”, recalificando un “importante bosque autóctono, el más biodiverso del municipio, con más de 200 especies de plantas silvestre”, en residencial.

“Cuando el TSJA ratifique la sentencia, que es lo previsible, todo el planeamiento de desarrollo decaerá. ¿Qué hará entonces el Ayuntamiento y la empresa promotora?”, se pregunta, y razona: “La única explicación por aprobar el proyecto de urbanización es que la empresa pueda demandar daños patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía cuando anule definitivamente el PGOU y, por tanto, este proyecto de urbanización. El equipo de Gobierno se lo está poniendo en bandeja”.

Ecologistas en Acción estudiará emprender acciones legales, tanto por la vía contencioso-administrativo como penal contra los ediles que voten a favor de su aprobación.

De hecho, ayer jueves el grupo municipal de Adelante El Puerto solicitó al alcalde, Germán Beardo, y a la concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso, personarse en el expediente que el equipo de Gobierno ha remitido a la Junta de Gobierno local para someter a aprobación el proyecto.

También han solicitado “qué gestiones ha realizado el equipo de Gobierno ante el vertido de escombros” y si ha llegado “a algún tipo de acuerdo con Q Hoteles para permitirle realizar dichos vertidos”. “Creemos que es fundamental que el Gobierno aclare su papel en este asunto y si, aun sabiendo todo lo anterior ha seguido adelante con la aprobación del proyecto de urbanización”.

Así las cosas, y tras el expediente a la empresa por depositar estos residuos en Rancho Linares   piden al alcalde que paralice “el proceso hasta que la Junta se pronuncie y se aclare esta situación”.

 

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