El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, ha acordado abrir diligencias previas para investigar al expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías --ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE-- y a 13 personas más, de ellos ocho ex altos cargos, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.
Esta es la cantidad que quedaría pendiente de vencimiento de un préstamo inicial de 5,8 millones, un préstamo "puente" que fue concedido a esta empresa por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.
El juez ha dictado un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, en el que atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción quien ha solicitado que estas 15 personas, entre ellas Chaves y Zarrías, declararan en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación, acordando en el mismo deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones.
En concreto, Anticorrupción ha pedido al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 que abriera una nueva causa separada para investigar el citado préstamo que, en cualquier caso, "no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA", y el juez ya ha abierto las diligencias.
De igual modo, y en un segundo auto de la misma fecha, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.
En este segundo auto, el magistrado pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito elevado al Juzgado el pasado 20 de noviembre "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Por ello, asegura que "resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión" a Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo "puente" de 970 millones de pesetas --5,8 millones de euros--, otorgado por el antiguo IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 y formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999.
En este sentido, añade que, a través de este préstamo, "podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos", una operación que no "tendría vinculación alguna con el denominado procedimiento específico ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo --a los fines indicados-- en favor de IFA/IDEA".
A juicio del magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada "no habrían prescrito" teniendo en cuenta que, "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido, ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA".
El magistrado, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten "a la mayor brevedad posible". Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, "sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente".
"NUNCA TUVO VOLUNTAD DE SER COBRADO"
Para los fiscales, "este préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo".
De hecho, remarcan en el escrito que en la documentación "se ve que a fecha 12 de febrero de 2003 el préstamo no había sido pagado y que la única amortización que constaba al Instituto de Fomento era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo, cifrándose en 3.707.643,67 euros el principal pendiente de vencimiento".
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