La cesión del Centro de Interpretación del Parlamentarismo, en la calle General Serrano construido durante los años de euforia del Bicentenario de las Cortes, finaliza el próximo 17 de septiembre sin que se sepa si el Gobierno municipal va a aplicar la prórroga de dos años que contemplaba dicha cesión a una fundación de una empresa de seguros.
Se trata de un edificio que tienen una superficie de 240 metros cuadrados perfectamente dotados a través de las obras de rehabilitación financiadas con el Plan E y con un montante de medio millón de euros, a los que se suman otros 200.000 en los equipamientos aportados por el Consorcio del Bicentenario.
La cesión por parte del Gobierno de José Loaiza a la entidad de la marca DKV “da muestras de su poderío en su azotea con grupos electrógenos, aires acondicionados y sistemas de ventilación”, dice el partido 3R, que ha dado la voz de alarma sobre el cumplimiento de la cesión.
Tras la celebración de 200 aniversario de las Cortes Constituyentes su uso cayó en picado, aunque en realidad no tuvo el éxito que se le suponía como tantos otros equipamientos construidos alrededor de la efeméride o comenzados a construir y no finalizados.
El entonces alcalde, José Loaiza, se puso en contacto con la comisión del Doce para intentar ponerlo en funcionamiento pero no cuajó ninguna idea y la que se aportó por parte de la Fundación Legado de las Cortes, que se comprometía a mantenerlo abierto para potenciar el Bicentenario celebrado dos años antes, fue rechazada.
La decisión de Loaiza fue fuertemente criticada por los partidos de la oposición, Izquierda Unida y el PSOE. IU consideró "totalmente inaceptable y contraria a la normativa vigente", la forma en la que se acordó en el pasado Pleno la cesión gratuita, por seis años, prorrogables por otros dos, del edificio a Integralia, la Fundación privada dependiente de la compañía de seguros.
"No solamente lo decimos por el nuevo uso que se le quiere dar, sino sobre todo por la forma en la que se ha hecho, y la falta de documentación necesaria que debería haber figurado en el expediente de cesión. Se ha decidido casi regalar un céntrico inmueble municipal sin suficiente justificación, tanto para el traslado del CIP fuera del edificio que fue construido para albergarlo, o sin demostrar la no necesidad del edificio para cualquier otro uso municipal. En el expediente que paso por el Pleno no hay ni una línea que diga algo a este respecto".
En el aparecía una llamada Memoria que "era incompleta e insuficiente, y que para nada respondía a los mínimos exigidos en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía". Solo mencionaba una solicitud, pero en ningún lugar se justificaba, como es obligado, “la oportunidad o conveniencia de la cesión del bien”, tal y como el citado Reglamento exige.
Tampoco se llegó a aportar un informe, prometido en la Comisión Informativa de Hacienda de la semana anterior, que diera alguna luz sobre la actividad que se iba a desarrollar y sobre el empleo que se podría crear. En el resto de informes que acompañaban al expediente tampoco aparecía ninguna otra justificación.
Por parte del PSOE, la entonces concejala socialista y ahora alcaldesa, Patricia Cavada, decía que “el Gobierno de Loaiza ha decidido enterrar la oportunidad del Bicentenario. No le importa tirar 700.000 euros a la basura, ni que esa cantidad se sume al resto de inversiones perdidas por el Ayuntamiento. Tampoco rebajar la oferta de esta efemérides a su mínima expresión, ni evidenciar su falta de apuesta por intentar enganchar al turismo a través de la importancia histórica de San Fernando. No pelea por sacar adelante el Real Carenero, por que se inicie la reforma del Zuazo, ni por crear una oferta interesante ligada a 1810”.
Ahora Cavada tiene la oportunidad de enmendar las cosas, pero el olvido queriendo o sin querer de la finalización de contratos y cesiones en los equipos de gobierno municipales es moneda de uso común.
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