La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha sacado a la venta directa 36 embarcaciones en puertos de las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de diciembre en cualquier Registro de la Agencia, tanto en servicios centrales como en cualquiera de los registros auxiliares de las instalaciones portuarias, sin que en esta ocasión se fije una valoración de salida ni sea necesaria depositar una fianza por parte de los ofertantes para su participación en la puja.
Las embarcaciones ofertadas en venta directa han sido declaradas abandonadas siguiendo el procedimiento acorde a la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de Puertos de Andalucía, por permanecer más de seis meses ocupando espacio portuario sin el abono de las correspondientes tasas y sin que se tenga constancia de actividad en las mismas y quedando desierta para estos barcos la subasta celebrada por la Agencia de Puertos el 27 de junio.
Las embarcaciones están distribuidas en las diferentes instalaciones portuarias de gestión directa de la comunidad, de forma que en la provincia de Almería se localizan un total de 10 barcos, cinco en el puerto de Adra, 4 en Roquetas y uno en Villaricos La Esperanza. En Cádiz salen a la venta 13, cuatro en Barbate, uno en Chipiona, otro en Gallineras, dos en Puerto América, otros dos en Rota y tres en Sancti Petri. En la provincia de Málaga se encuentran dos embarcaciones en el Puerto de Caleta de Vélez y en Huelva 11 barcos, ocho en Mazagón, dos en Isla Cristina y uno en El Terrón.
Los ofertantes deberán tener en cuenta que las embarcaciones declaradas abandonadas, dado el tiempo transcurrido desde su depósito en el puerto sin cuidado de su propietario, presentan un estado de deterioro que no hace posible su navegación y que carecen de la documentación necesaria que permita el ejercicio de la actividad náutica de recreo o deportiva conforme a la vigente normativa. Por lo tanto, será el adjudicatario el responsable del cumplimiento de los requisitos que exijan las autoridades españolas o del estado de la bandera.
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