Aprobaron el cobro de una tasa que todos los partidos venían razonable pero no contaban con medios suficientes para pasarla al cobro. Ese contundente fallo de gestión fue lo que ahora obliga a los ciudadanos a pagar esa tasa aprobada en 2014 con carácter retroactivo.
Esto es, la correspondiente a 2016, 2017 y 2018 porque en el caso de San Fernando el Ayuntamiento se hizo cargo su pago al Consorcio de Transportes y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Ese fallo de gestión es reconocido por el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, quien mantiene la “coherencia” de su grupo en 2014 cuando se aprobó la tasa que ahora se pretende cobrar, que además es una tasa finalista como todas las que cobran desde el Ayuntamiento por la propia naturaleza de este tipo de gravámenes. La Ley obliga a que cada servicio se autofinancie con el cobro al contribuyente.
Para Rodríguez, el hecho de que la pague el Ayuntamiento o la pague el ciudadano es lo mismo por cuanto el dinero sale del mismo bolsillo que es el de los contribuyentes.
En el caso de que la pagara el Ayuntamiento por otra vía distinta, el millón y medio de euros que vienen costando el servicio anualmente habría que retraerlo de otra partida municipal, lo que se llegaría el mismo lugar.
Algo con lo que no están muy de acuerdo los ciudadanos que entienden que hay muchas partidas de las que detraer ese dinero que no sean inversiones necesarias para la calidad de vida de la ciudadanía.
De todas formas, desde el Gobierno municipal se mantiene que lo lógico y legal es que los servicios se paguen con tasas y que las tasas las paguen los contribuyentes.
Lo que sí quiere hacer el Gobierno es matizar algunas de las tarifas contempladas por el Consorcio al comprobar que existen saltos exagerados entre un tipo de comercios y otros en función de su superficie, así como establecer bonificaciones para las familias más desfavorecidas como existen en otras tasas municipales.
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