Los datos arrojados por el Ministerio de Hacienda sobre el plazo medio del pago a proveedores del Ayuntamiento de San Fernando preocupa al Partido Popular (PP). Según apunta el citado informe, el Gobierno municipal tarda ya más de 51 días en hacer frente a las facturas de las empresas y profesionales que ofrecen sus servicios al Ayuntamiento.
Este dato “nos preocupa ya que incide de manera directa en el día a día de muchos pequeños negocios de la ciudad que no pueden permitirse tener pendiente de cobro durante casi dos meses un trabajo realizado o una mercancía ya entregada al Ayuntamiento”, señaló el edil del PP y anterior delegado de Hacienda, Manuel Raposo.
Al respecto, el concejal popular recuerda que cuando el Gobierno de José Loaiza llegó en junio de 2011 al Ayuntamiento, el tiempo de pago a los proveedores superaba los siete meses. Gracias a la gestión desarrollada por el PP, el Ayuntamiento consiguió reducir ese periodos hasta llegar a los 37 días. “En cuatro años, pasar de siete meses a 37 días en el pago a proveedores supuso un enorme alivio para las empresas al recibir en un tiempo prudencial el dinero que les corresponde para poder así desarrollar su actividad con total normalidad, pues que la administración pague conforme a Ley a sus consignatarios es una garantía de que en la ciudad se mantenga la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. Eso no falla. Es así gobierne quien gobierne una ciudad”.
Como subraya Manuel Raposo alcanzar esas cifras que, "lamentablemente", ahora parece que comienzan a revertirse, “no fue el fruto de la casualidad, sino de la gestión realizada por el entonces equipo de Gobierno del Partido Popular que incluso nos permitió adelantar a la Junta de Andalucía casi un millón de euros en concepto de los pagos por los Planes de Empleo Joven”. Y todo ello pese a que el PP se encontró en 2011 con una situación económica totalmente negativa, con la economía municipal sumergida en una profunda crisis como consecuencia del robo de casi 8 millones de euros yarrastrando una deuda de 21 millones de euros originada por facturas sin consignación presupuestaria de las que algunas llegaban a tener 20 años de antigüedad”.
Es por esto que los últimos datos del Ministerio de Hacienda "preocupen y comiencen a generar inquietud" en los proveedores municipales, tal y como algunas de estas empresas ya le han transmitido al Partido Popular. “Ciertamente el plazo legal máximo para que las administraciones hagan frente a los pagos de sus proveedores se sitúa en 60 días. El Ayuntamiento aún dispone de cierto margen para no rebasar ese tiempo por lo que solicitamos que se adopten las medidas necesarias para seguir con la gestión desarrollada desde 2011. Dejamos una buena herencia, una gestión económica consolidada que arrojó sus frutos positivos, tal y como ha quedado de manifiesto. A los actuales gestores sólo hay que pedirles que continúen por ese camino en beneficio de toda la ciudad”.
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