La Junta de Andalucía ha respondido, por medio de un oficio por escrito del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, al Ayuntamiento de San Fernando explicándole que debe cumplir y acatar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el límite de edad de 35 años en la convocatoria de oposiciones al cuerpo de la Policía Local.
Desde la Delegación del Gobierno se ha recordado que en ningún momento a lo largo de este proceso se le ha hecho ningún requerimiento al Ayuntamiento de San Fernando para modificar las bases de la convocatoria por la cuestión del límite de edad, sino que la administración autonómica se limitó a informar al gobierno municipal de las diferentes posibilidades que debía tener en cuenta para poner en marcha el proceso con un escrito fechado el 22 de octubre de 2013.
De esa forma, se informó al Consistorio de que el decreto 201/2013 aprobado por la Junta de Andalucía recoge el límite de edad, pero también se le explicaba que diferentes sentencias apostaban por eliminarlo, y se apuntaba incluso a que existía un recurso de la Junta de Andalucía presentado por unas oposiciones de Sevilla que anulaban dicha restricción, y sobre el que se ha pronunciado ahora el Tribunal Supremo ratificando la eliminación de ese requisito. Al final del escrito informativo firmado por el delegado del Gobierno se dejaba claro al Ayuntamiento que se le pedía que “considerara” estas cuestiones respecto al fundamento de derecho que se centraba en los requisitos de edad.
La Junta de Andalucía insiste en que fue el Ayuntamiento de San Fernando el que optó en consecuencia a la hora de fijar sus requisitos, con absoluta libertad de criterio, como el resto de gobiernos municipales que han iniciado el mismo proceso y que han tomado otras decisiones diferentes. Ese es el caso de los ayuntamientos de Cádiz y de Medina, a los que se les envió la misma información y en los mismos términos que al de San Fernando, y que decidieron seguir adelante con las pruebas eliminando el límite de edad para los aspirantes.
El gobierno de Andalucía también insiste en que la prueba de que la elaboración de las bases de la oposición se hizo según el criterio y la consideración del Ayuntamiento de San Fernando es que, en un escrito fechado el 20 de noviembre 2013 y dirigido a la Delegación del Gobierno, el Consistorio esgrime que el establecimiento de requisitos relacionados con la edad resulta razonable por varias razones.
“Por razón de estabilidad de plantillas y ahorro de coste de personal, pues la incorporación –o su posibilidad- de personas cercanas a la segunda actividad o a la jubilación produce una merma en el número de funcionarios disponibles para las funciones operativas propias de la policía local, que obliga a reclutar nuevos funcionarios para esas funciones, con el consiguiente aumento de costes”.
La segunda razón que apunta el Ayuntamiento para justificar su decisión es que “la finalidad del límite de edad es asegurar la eficacia del servicio activo de policía, ya que con este requisito se procura una cierta permanencia en el servicio activo”.
Por último, desde la Delegación del Gobierno se insiste en que las oposiciones a la Policía Local de San Fernando no se anulan ni corren peligro con esta sentencia del Tribunal Supremo, y así se ha informado en diferentes ocasiones durante estos días a los propios técnicos del Ayuntamiento de San Fernando tras conocerse la decisión del Alto Tribunal. Tal como se ha analizado con ellos, aún no se han realizado las pruebas de la convocatoria y el gobierno municipal está en plazo para modificar las bases e incluir sin mayor dificultad a todos los aspirantes que quedaron fuera por razón de su edad.
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