El hecho de que la ejecución de una idea cuente con malos antecedentes no significa que sea una mala idea, máxime cuando el problema no sido conceptual sino ejecutivo. Y así debería entenderse la propuesta que lleva al Pleno el grupo municipal Ciudadanos por La Isla sobre la posibilidad de convertir el dinero que sale de los Servicios Sociales municipales en una especie de contrato temporal por el montante recibido. Y como todo contrato, sujeto a las cotizaciones a la Seguridad Social, cotizaciones que se van convirtiendo en derechos de subsidio de desempleo.
La parte buena, independientemente de que el beneficiario de la ayuda social no considere que recibe una limosna, es que ese dinero improductivo -salvando su destino- puede convertirse en un servicio a la comunidad, como por ejemplo cuidar los parques públicos durante esos días evitando que sean pasto de los vándalos. Y es sólo un ejemplo.
La parte mala es que la iniciativa, lejos de ser novedosa, es conceptualmente igual que el Plan de Empleo Rural que se comenzó a aplicar hace más de treinta años en Andalucía y que quitando que nunca estuvieron más limpias las cunetas de los pueblos eminentemente agrícolas, se demostró como el sistema más permeable al fraude, hasta el punto de convertirse en un escandaloso vivero de clientelismo político y escuela de vividores del subsidio posterior hasta el punto de que a muchos jamás se les conoció trabajo alguno.
Pero como se decía al principio, el problema es de ejecución, no de concepto y el problema al que tendría que hacer frente del Ayuntamiento de San Fernando -en el improbable caso de que se aprobara en Pleno- es la picaresca de los beneficiarios de un sistema que se ha demostrado proclive al fraude. Por si eso no fuera poco y visto también que entre sus vicios conocidos ha estado y está el del clientelismo político, no sólo habría que vigilar a los vigilados; también a los vigilantes.
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