No hay claves para creer que la Junta quiere salvar el Hospital de San Carlos, entendido en la literalidad de la frase porque la Junta no tiene intención alguna de salvar el centro del Ministerio de Defensa. La Junta, y esa es la clave pasiva, quiere salvarse a sí misma a costa del Hospital de San Carlos y siempre contando con que lo que ofrece le sirva al Ministerio de Defensa para salvar lo que el ministerio quiere salvar, que está menos claro aún que lo que quiere la Junta.
Para entender el anuncio del nuevo delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, y no creerse que son las manifestaciones de un político novato en el cargo o un mentiroso compulsivo -decir que se va a hacer algo si hay dinero y si no, no se hace suena a tomadura de pelo que no compromete a nada- hay que volver a revisar la situación sanitaria de la comarca de la Bahía de Cádiz y amoldarla a la crisis.
Hace un par de años la intención de la Junta era la de construir un hospital nuevo en Cádiz gastando cientos de millones de euros y a todo lo más potenciar el Hospital de Puerto Real para dar servicio a la parte de la Janda. Para San Fernando, de lo más que se hablaba en tiempo electoral era de un share, un hospital de día como una de las posibilidades tomando el Hospital de San Carlos como centro de operaciones, lo cual supondría una pequeña ayuda para el Ministerio de Defensa que no le iba a solucionar nada y por lo que el Defensa diría que no a pretensiones tan pobres.
Pues bien, la diferencia entre hace dos años y ahora estriba en que el nuevo hospital de Cádiz no se va a construir, que tampoco se puede hacer gran cosa en Puerto Real y que incluso el cuarto centro de salud de Camposoto -que era otra de las bazas para callar bocas- se construye,pero está más tiempo sin albañiles que con ellos.
Al Servicio Andaluz de Salud (SAS) se le presenta ahora el problema de que no tiene sitio para atender la demanda de la comarca ni lo va a tener y la solución más barata pasa, precisamente, con convenir todos los servicios deficitarios con el Ministerio de Defensa utilizando el Hospital de San Carlos. Un déficit que cuesta unos 11 millones de euros a tenor de lo que se quiere contratar para asumirlo.
La plantilla
Ni que decir tiene que con esos 11 millones de euros de un futuro e hipotético convenio ampliación del actual, el Ministerio de Defensa conseguiría una válvula de escape para sufragar los 35 millones de euros que cuesta el mantenimiento del centro en la actualidad cada año. Pero posiblemente no sea suficiente, entre otras cosas porque Defensa tendría que asumir obras en el hospital para adecuar los servicios que demanda la Junta, un dinero que no se ha cuantificado pero que siempre fue problemático.
Las últimas declaraciones de la Inspección de Defensa, tras una visita al Hospital de San Carlos, fueron que el ministerio estaba dispuesto a conservar el hospital como Hospital General y no como una simple clínica, pero que necesitaba ayuda de la Junta de Andalucía.
Entre esa puerta abierta y lo que la Junta de Andalucía está dispuesta a firmar se podría sufragar una tercera parte del coste pero no se abordan los dos temas principales que afectan a una plantilla de unas 400 personas sobre las que pesa una espada de Damocles continua porque hay dos cosas a tener en cuenta.
Una de ellas es que la Junta, bajo ningún concepto, está dispuesta a hacerse cargo del Hospital para convertirlo en un hospital más del SAS y mucho menos asumir su plantilla. La estatutarización, pues, pasa porque la haga el Ministerio de Defensa que es el que tiene ahora la pelota en el tejado y el porvenir de los trabajadores en sus manos.
Si Defensa considera suficiente el convenio y mantiene el hospital abierto, los trabajadores puede que no consigan la estatutarización dadas las circunstancias económicas, pero seguirían trabajando en un hospital y no trasladados a centros clínicos de Defensa o cuarteles como personal laboral que son. Y eso en el mejor de los casos.
Si el Ministerio de Defensa decide que la oferta del SAS no soluciona sus problemas, los trabajadores tienen un porvenir muy negro por delante. Y no porque sean trasladados a otras dependencias, sino porque las leyes que están sobre la mesa para adelgazar las administraciones les afectan de lleno. De hecho, una reducción del presupuesto del 10 por ciento anual ya los pone, literalmente, en el alambre sin esperar a ninguna otra ley.
Una prueba de resistencia a dos bandas
Los trabajadores han dejado claro que lo que quieren es que el hospital no se cierre porque manteniéndose el hospital se mantienen los empleos. El problema es lo que hace dudar, no de las intenciones sino de las posibilidades que tienen las dos partes de llegar a un acuerdo.
Y es que hasta en esto no se resisten a jugar a la política del ping-pong preparando las coartadas en el caso de que la operación no llegue a buen fin. Desde la Junta de Andalucía se asegura que pueden contar con ese dinero en 2014 y aclaran que esa fecha no la pone el Gobierno autónomo, sino el Gobierno Central que es el que ha aprobado la Ley de Presupuestos.
Si la Ley levanta la mano en 2014 e incluso si no la cierra más, la Junta cumpliría con su parte, pero el problema es si Defensa puede asumir el mantenimiento de la plantilla hasta esa fecha. Esto es, si puede permitirse seguir pagando 35 millones de euros anuales en un hospital de una planta y media. Porque el resto está cerrado.
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