El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha explicado que los informes técnico de 2 de junio y jurídico de 20 de junio municipales confirman, de forma objetiva, que lejos de cerrarse el caso en torno a las muchas irregularidades que han rodeado la adquisición y construcción de la nueva casa de la concejala de gobierno de Cabada, al caso aún tiene mucho recorrido por delante.
“El pasado 12 de mayo el portavoz de Cavada, Rodríguez, aseguraba literalmente que “definitivamente no hay caso Claudia Márquez”. Dos noticias juntas se entienden mejor que por separado. Nos volvió a mentir pues el 22 de julio, le costó firmar el decreto, acordó desestimar las alegaciones presentadas por su compañera, restablecer la legalidad, pedir licencia, paralizar las obras y advertir de multas. Se han cometido graves irregularidades, se ha ocultado información a los técnicos municipales, se han falseado planos y documentos induciendo a error a sus propios trabajadores y ha existido un claro aprovechamiento de cargo público”, señala Romero.
El líder de AxSí detalla que tanto el informe técnico como el informe jurídico arrojan certidumbre frente a las alegaciones presentadas contra la incoación por parte de Urbanismo del expediente para restablecer la legalidad de su vivienda. “No hay alegaciones que se sostengan ante un expediente que viene motivado por las manifiestas irregularidades cometidas en las obras para la conservación y rehabilitación de este inmueble. De hecho, los informes municipales son desfavorables y desestiman todas y cada una de las alegaciones de concejala de gobierno de Cabada y concluyen que se seguirá adelante con la tramitación del expediente de restablecimiento de legalidad”, señala el concejal andalucista.
El portavoz se apoya en estos informes para repasar diversos hitos de este caso. En primer lugar, la ex delegada de Urbanismo ocultó a los técnicos municipales hasta finales de 2019 principios de 2020 que era la compradora de la finca, un espacio para el que además en junio de 2017 se emitió una orden de ejecución que ella misma firmó. Sólo se autorizó la consolidación de lo existente y nunca ha habido licencia, sino declaración responsable y con la advertencia de que determinadas actuaciones no podían llevarse a cabo dada la protección de la finca, como ampliaciones verticales, volumétricas o cubrición de patios de luces.
“Por otra parte, el grado de despropósito es tal que el pasado 14 de marzo de 2022 se solicitó la ampliación de plazo de la obra declarada y tan sólo diez días después, el 24 de marzo, se presentó el certificado final de obras de los trabajos referentes a la orden de ejecución, sin firma digital de los técnicos y visado con fecha 24 de marzo del 2022. Sin duda algo cuanto menos extraño y más teniendo en cuenta que los técnicos municipales se personan en la finca para comprobar que los trabajos objetos de finalización aún no habían concluido”, detalla el portavoz.
AxSí señala que al no contar con el amparo para realizar estas obras ahora se debe tramitar un nuevo documento que sea objeto de licencia de obras y que ha de contar con el preceptivo informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, en el que se recoja el estado real de la edificación antes de la ejecución de las obras, a tenor de los documentos que se encuentran en poder de la Administración. En este sentido, el informe jurídico afirma en su apartado quinto que tanto en la ficha catastral como en el documento remitido por Servicio de Gestión Tributaria Municipal además del patio central se recoge un pequeño patio y que el castillete tenía sólo veinticuatro metros cuadrados.
“Mientras no se realice esa legalización y justificación, con rigor histórico y técnico, de lo ejecutado, la tramitación del expediente de restablecimiento de la legalidad ha de seguir adelante. Lo que está claro es que en cualquier caso se procederá a sancionar por infracción urbanística y que la cuantía de esta sanción dependerá de si existe o no la posibilidad de legalizar”, reflexiona el portavoz.
Romero aclara que el informe del arquitecto municipal respecto del escrito de alegaciones de la concejala de gobierno de la señora Cabada pretende “confundir/enmarañar el asunto” y tiene “sesgo claro intencionado en el relato de los hechos”. Dicho informe recoge las siguientes aseveraciones: “se ha ejecutado una ampliación volumétrica sin título habilitante constatado que el estado actual de la finca en el momento anterior a la actuación no era el reflejado en el proyecto que presentó el interesado”; “debemos salvar cualquier acción legal que podamos iniciar por presiones, injurias o calumnias que intenten afectar a nuestra autonomía o carácter de agente de la autoridad”; “de nada sirven las continuas descalificaciones ni las amenazas veladas que vierten sobre las posibles responsabilidades distintas de las urbanísticas y administrativas”. Y hasta en tres ocasiones, y esto es realmente grave, reitera el arquitecto municipal “falsedad del plano del estado actual que sustenta la actuación”.
“Es aquí cuando debemos recordar, en primer lugar, la complicidad de la señora Cabada en este caso pues autorizó por decreto la ejecución de las obras de su compañera el 11 de junio de 2020. Y, en segundo lugar, debemos recordar sus palabras en una entrevista publicada el 18 de septiembre que insisten en lo que ha venido manteniendo en relación con el doble caso Márquez, vivienda y denuncia contra ESISA: “La concejala hizo lo que tenía que hacer cualquier ciudadano -y más un representante público- ante unos hechos que se le ponen de manifiesto: trasladarlos a la Fiscalía para que se investigaran. Intachable el comportamiento […] para encontrar responsabilidad y determinar las consecuencias”, afirmaba Cabada.
“Por tanto, la alcaldesa, una vez que su arquitecto municipal le pone de manifiesto en oportuno informe de 2 de junio de este año una presunta falsedad documental (artículos 390 y siguientes del Código Penal), debe reaccionar de manera igualmente intachable y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que investigue responsabilidades y consecuencias. De la misma manera que promovió la denuncia contra ESISA, en coherencia con sus propias palabras debe actuar en este caso”, indica el portavoz.
De igual forma, en la entrevista reitera que lo ocurrido en la vivienda es una cuestión de discrepancias técnicas y añade “La concejala obtuvo autorización para realizar las actuaciones, pero luego por determinadas cuestiones se ha revisado […]. Y Claudia Márquez, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a recurrir a la vía contencioso administrativa, que es en lo que está ahora”. Pues bien, Cabada miente: nunca hubo licencia para realizar las obras de ampliación que se han ejecutado; nunca ha habido cambio de criterio alguno por parte de los técnicos, sino una actuación a raíz de haberse detectado falsedad en el documento técnico aportado; y sí, puede recurrir a la vía contencioso administrativa, pero nunca desde el Gobierno Municipal”, concluye Romero.
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