La plantilla de la Ayuda a Domicilio se San Fernando ha vuelto a denunciar en el día de hoy lo que consideran como “la enésima muestra de la falta de cumplimiento con nuestros derechos por parte de Claros SCA, empresa contratada por el Ayuntamiento. Se aprovecharon de que en lo peor de la pandemia, durante el estado de alarma, nuestra máxima preocupación era poder ir a trabajar con unas mínimas condiciones de seguridad, para no contagiar a nuestros usuarios, ni contagiarnos nosotras, ya que carecíamos de protección adecuada y suficiente. Nadie se imaginó que la empresa, en lugar de preocuparse de eso, lo estaba por buscar mayores beneficios económicos aún”.
El caso es que recientemente han podido constatar que durante elestado de alarma decretado en marzo de 2020 y hasta junio de ese año, la Junta de Andalucía dio orden de que se abonará al Ayuntamiento la totalidad de las horas contratadas del servicio de Ayuda a Domicilio, aunque no se realizaran todas por motivo de minimizar el contacto de las auxiliares con las personas dependientes, que eran el grupo de más riesgo. “Se redujeron las horas de atención a casi todos los usuarios por motivos de seguridad, pero parece ser que la empresa siguió cobrando de manera normal, aunque no se hicieran todas las horas”. Fue entonces “cuando la empresa aprovechó la situación y se inventó una llamada Bolsa Covid, que obligaba a las auxiliares a compensar esas horas que no hacían con sus usuarios habituales, con la prestación de otros servicios tales como sustituciones por bajas laborales, sustituciones y nuevos usuarios que eran dados de alta en el servicio. En ningún momento se incluyó esas horas de más en nuestros contratos y cuadrantes, aunque la empresa cobró por las mismas en el caso de nuevos usuarios, o se ahorró los costes que se tienen normalmente por cubrir su obligación de sustituir a una trabajadora enferma, accidentada o de vacaciones por otra que hiciera ese trabajo”.
Una vez que recientemente han conocido que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento han pagado la totalidad de las horas que estaban contratadas durante el estado de alarma (esta situación se prolongó hasta el 1 de julio de 2020), se hicieran estas o no, debido a las restricciones de seguridad; las trabajadoras han solicitado información a la empresa sobre este asunto “Hallando, como casi siempre, la callada por respuesta. Vamos a recurrir al Ayuntamiento, que debe tener (como es obligación legal y contractual) los contratos de trabajo, los cuadrantes y los documentos de cotización que la empresa debe adjuntar con las facturas de esos más de tres meses que duró esa situación en 2020. Esperamos que dada la gravedad del tema, tengamos la máxima colaboración municipal, ya que nadie entendería lo contrario”.
Para terminar muestran su indignación con la empresa ya que “de confirmarse todo lo que hemos expuesto, que la empresa pudo estar obteniendo beneficios extras a costa del trabajo que no pagaron a las trabajadoras, pero si cobraron de las administraciones; estaríamos ante un caso que demostraría la catadura moral de esta empresa, que buscó sólo incrementar su beneficio económico a costa de esta plantilla, que se dejaba la piel en la calle, en plena pandemia, asustadas con el virus y sin apenas medios de protección, para atender a los que máslo necesitaban en aquelmomento”.
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