Readmylips: no newtaxes” (Lean mis labios: no nuevos impuestos). Esta promesa electoral encumbró en 1989 a George H.W. Bush (padre) a la Casa Blanca. Sólo dos años después, subió la presión fiscal. Los republicanos no se lo perdonaron cuestionándolo con unas primarias -algo impropio para un presidente que puede optar a un segundo mandato- y el pueblo norteamericano no le reeligió a finales de 1992. Es, sin duda, uno de los episodios políticos más relevantes de cómo las promesas incumplidas pueden provocar efectos devastadores.
La larga historia de procesos electorales, sean del tipo que sean, está repleta de ejemplos de las dos escuelas de dispar comportamiento respecto a los programas con los que concurren los candidatos: los que usan las promesas para ganar las elecciones sin intención de cumplirlas posteriormente, y los que prometen con la sana premisa de cumplir ese contrato social que adquieren con los electores, aunque luego las coyunturas o la evolución de los acontecimientos impida ejecutar esos compromisos.
Pues ni un mes ha tardado el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en situarse sorprendentemente en los postulados de la primera corriente al asumir que no podrá satisfacer dos de sus principales promesas en campaña: los 600.000 nuevos empleos y la bajada masiva de impuestos en esta legislatura que reiteró machaconamente el presidente Juan Manuel Moreno en precampaña y campaña electoral para ganarse la confianza de los andaluces.
El delator de tan insanas intenciones fue, en su estreno parlamentario, el nuevo consejero de Economía, Rogelio Velasco, de Cs, quien dijo sin el menor rubor, al ser interpelado por la bajada del paro prometida, que las promesas electorales son “un lenguajey una forma de expresarse durante las campañas”. No fue una respuesta improvisada. Minutos más tarde ante una segunda pregunta sobre el descenso de la presión fiscal, ratificó su visión fraudulenta de las promesas: “En una campaña electoral se promete todo, pero una bajada masiva de impuestos no se puede hacer ni en Andalucía, ni en España”.
Con este sorprendente ejercicio de sinceridad, en el que reconoce un engaño explícito y premeditado al pueblo andaluz, el máximo responsable de la economía andaluza ha provocado, a buen seguro, dos efectos de largo recorrido: le ha dado munición de alto calibre a la oposición -PSOE y Adelante Andalucía- que se lo echará en cara cada vez que tenga una oportunidad, y ha metido en un brete a todo el Gobierno andaluz que verá debilitadas las razones que, como la herencia recibida, esgriman el presidente y los consejeros si no cumplen con las altas expectativas generadas tras su llegada al poder en Andalucía.
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