En el corazón de un verano que pasa sin haber llegado, un pequeño temblor anuncia el terremoto por venir. Entretenidos por mociones de censura osadas y por primarias hermosas, no hemos calibrado en su medida las supuestas grabaciones realizadas delictivamente a Corinna. Es fuerte el asunto. No será una serpiente más de verano, sino que, como el asombro digital, la sospecha ha venido para quedarse.
Que nadie lo dude. Serán los fiscales, algún grupo político, alguna asociación o un particular, no lo sabemos, pero alguien, a buen seguro, lo denunciará ante el Tribunal Supremo, única jurisdicción legitimada para entender del caso. Juan Carlos I, nuestro rey emérito, tendrá que comparecer entonces ante la justicia, activándose un imparable engranaje judicial que terminará con sentencia, absolutoria o condenatoria, según dictaminen pruebas, leyes y jueces. Las graves acusaciones de Corinna, la cortesana hermosa y fatal, lo han condenado a la imputación cierta. De aquellas mieles, estas hieles. Ojalá se trate de falsas acusaciones, la presunción de inocencia lo ampara, pero el miura de la posible evasión fiscal asusta con su cara torcida y sus pitones afilados.
Pero, ¿se puede juzgar a un rey? No, mientras ejerza de tal. Juan Carlos I disfrutó durante su reinado de la inmunidad penal que acompaña a los Jefes de Estado, sean reyes o presidentes de república. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, reza el mandato constitucional. Por tanto, no puede exigírsele responsabilidad alguna mientras fue rey. Otra cuestión es lo que ocurre tras su abdicación;le corresponde a los juristas dictaminar sobre el caso. Pero es posible que sea responsable como cualquier otro ciudadano. Y si cierto resultara lo de las cuentas en Suiza el delito fiscal sería más que probable. Que mal enemigo es Hacienda para cualquier hijo de vecino.
La simple investigación judicial suscitará un gran revuelo internacional y una honda herida doméstica. Los antimonárquicos afilarán sus hoces, olfateando la siega cercana y la república inminente. Pero que no canten victoria, es probable que se equivoquen. La monarquía debe estar por encima de las actuaciones personales de cualquiera de sus monarcas, como la democracia lo está por encima de la de sus ministros y presidentes. Se juzgará, en su caso, a la persona y no a la institución.
La monarquía parlamentaria es un sistema perfectamente democrático, votado por los españoles en su conjunto constitucional. Posee, por tanto, una base tan legítima como cualquier otro modelo de Estado democrático, república incluida. Los españoles decidimos que la Jefatura del Estado, como símbolo no ejecutivo, residiera en una monarquía que nos enlazaba con nuestras fuentes históricas. Juan Carlos I ayudó a la reinstauración democrática en nuestro país y por eso reinó con una alta valoración por parte de la sociedad española en su conjunto. Sus errores y la famosa cacería de elefantes en el peor momento de la crisis le obligaron a abdicar en su hijo Felipe, Felipe VI desde entonces. La monarquía-institución continúa, los reyes cambian. A rey abdicado, rey puesto. Y Felipe lo está haciendo bien, en unas circunstancias realmente difíciles para él. Le deseamos la mayor de las fortunas en la arriesgada tarea que tiene encomendada.
Pero éramos pocos y parió la abuela, que diría el castizo. El joven rey tendrá que lidiar ahora con una pesadilla de espanto. Su padre será enjuiciado, sus cuentas destripadas, su vida aireada. Un hondo dolor personal, filial, familiar y político, rasgará sus entrañas. Shakespeare en estado puro, vamos. Pero le tocará reinar. De resultar ciertas las acusaciones de Corinna – ojalá no lo sean -, su padre tiene un complejo horizonte penal por delante, con resultado incierto. Tendría entonces Juan Carlos que perder el tratamiento de rey, para aterrizar en la condición cotidiana de ciudadano. El rey no hace a la monarquía, la monarquía la votamos nosotros. Y nosotros queremos seguir con ella, pero sin reyes con cuentas en Suiza.
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