El teniente de alcalde delegado de Régimen Interior y Gobernación, Daniel Manrique de Lara, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para responder al portavoz del PP en relación a la noticia en la que pedían información sobre la situación de la vivienda del ex concejal Jesús Torres.
Con la documentación de todos los pasos dados en mano, Manrique ha insistido en que todo se ha hecho conforme a la Ley, y que el Ayuntamiento hará "lo que el Consejo Consultivo decida".
El delegado ha recordado que se trata de un expediente de orden de demolición de la vivienda propiedad de la esposa de Jesús Torres que se abre en 2012, y se resuelve en 2015, unos días antes de las elecciones, y que no se notifica ni al titular ni a la familia, sino que se publica directamente en el Boletín oficial de la Provincia.
Así, teniendo en cuenta que el ya ex concejal solo tenía conocimiento sobre expediente sancionador, que de hecho estaba abonando, pero no del expediente de demolición, Jesús Torres dimitió en agosto para poder defenderse.
A partir de ahí, lo que ha venido haciendo el Ayuntamiento, algo de lo que Manrique asegura tiene constancia el portavoz del PP “que ha visto el expediente y tiene las actas de la Junta de Gobierno”, comienza el 17 de agosto de 2016, en el mismo momento en el que se conoce el expediente, que es cuando el alcalde dirige un escrito a la esposa y al exconcejal solicitando que se cumpla la ley.
Ese mismo día el alcalde solicita de oficio a la Unidad de Inspección Urbanística que visite el lugar y emita informe. Posteriormente, y ya después de dimitir, el interesado presenta un escrito aclarando que no tiene conocimiento del expediente y requiriendo copia, que se le envía también de oficio por parte del Ayuntamiento.
Tras esto, el exconcejal presenta un escrito de alegación de 42 páginas con una serie de discrepancias y alegaciones para que se declare nulidad de procedimiento porque se le ha producido indefensión, al entender que no fue notificado de la orden de demolición en ningún momento.
En respuesta a esto, el informe del técnico indica que se había dictado la resolución con el expediente ya caducado, de manera que esa resolución sería nula y se recomienda el inicion de un nuevo expediente.
El 3 de febrero de 2017, este informe se lleva ante la Junta de Gobierno Local para que el Consejo Consultivo de Andalucía sea el que indique si existe o no caducidad. En este punto, Manrique insistió en que el Consejo Consultivo no se ha pronunciado sobre este término, sino que ha pedido información y ha puesto de manifiesto una serie de errores de forma, como el hecho de que el informe debe ser aprobado por el Pleno, en vez de por la Junta de Gobierno.
Por ello, actualmente la Oficina Técnica está preparando la documentación para llevarlo a pleno y de esta forma, derivarlo al Consejo Consultivo, un órgano al que, tal y como apuntó el delegado, se elevan todos los expedientes en los que se da algún supuesto de nulidad.
En este sentido, Manrique entiende que el PP "sí conoce toda esta información a través de su portavoz, a no ser que el portavoz no haga su trabajo porque no se lea las actas, igual que no viene a las mesas de contratación, o que el portavoz las lea pero no informe a la gestora por la mala relación que tienen en estos momentos".
El teniente de alcalde ha querido insistir en la legalidad con la que ha actuado en este caso, recordando que “cuando en el Ayuntamiento se recibió una denuncia anónima al alcalde puesta en la Guardia Civil, casualmente con los mismos datos que el PP había usado en la rueda de prensa de agosto, por parte de la Fiscalía se pidió una copia íntegra del expediente y cuando lo vieron todo lo que hicieron fue archivarla”.
Por ello, dirigiéndose al PP el delegado indicó que “si lo que quieren es marear a los ciudadanos, adelante, pero que el expediente está expuesto, ya lo ha visto y archivado la Fiscalía y la actuación del alcalde se ajusta a la legalidad”.
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