Izquierda Unida Rota ha anunciado que presentará para su debate en Pleno una moción con el objetivo de instar a que desde las Administraciones Públicas se amplíen las dotaciones de los Programas para los Menores ex tutelados, instando para ello al Gobierno de la Nación a que dote a la Comunidad Autónoma andaluza de una mayor partida presupuestaria, dado el alto porcentaje de casos que se están produciendo, dando traslado del acuerdo a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Desde el partido explican que en el Derecho Comunitario, según la Resolución del Consejo de Europa (Resolución 6/60/1997, art.1), se considera Menor Extranjero No Acompañado (MENA) a todo menor de 18 años, nacional de país tercero, que llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto en cuánto no esté efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable.
España ratificó en 1.990 los acuerdos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1.989 que venía a ejemplarizar la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1.959.
A partir de los años noventa, se constata el auge del colectivo MENA en España, y se comienza a plantear el fenómeno como una realidad que requiere una atención y un abordaje particular.
Los MENA suelen entrar en el territorio español de manera irregular y sin documentación. Cuando son detectados, los MENA pasan a disposición de la Administración competente en materia de protección de menores, que son las Comunidades Autónomas.
Estas competencias vienen recogidas en los artículos 61 y 62 del Estatuto de Autonomía. Pero, además, establece en el artículo 12 “son destinatarios de las políticas públicas andaluzas y titulares de todos los derechos del Estatuto toda persona con vecindad administrativa en Andalucía; el artículo 18 recoge la especial protección de la que son acreedores los menores de edad sin distinción y la primacía de su interés superior; y el artículo 37 prevé como principios rectores de las políticas públicas, en su apartado 8º, la integración de los jóvenes en la vida social y labora, favoreciendo su autonomía personal y en el apartado 9º, la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes.
Al cumplir la mayoría de edad, estos jóvenes dejan de vivir bajo el sistema de Protección de la Junta de Andalucía, debiendo abandonar los centros de protección de menores. Pero, a pesar de adquirir la mayoría de edad legal, estos chicos y chicas necesitan aún apoyo y acompañamiento hasta completar sus posibilidades de vida autónoma. Llegada a alcanzar la mayoría de edad legal existen casos en los que la mayoría de estos jóvenes no tiene a su familia establecida en nuestro territorio y poseen escasa o nula formación para acceder a un empleo, ni fijo ni eventual, agravado, además, por la dramática escasez de empleos en nuestro país en el contexto actual.
Debido a estas circunstancias, la Junta de Andalucía ha venido desarrollando el “Programa de Mayoría de Edad para jóvenes tutelados y tuteladas mayores de 18 años”, para atender las necesidades detectadas en este grupo de personas.
Ya desde los propios centros de menores se llevan a cabo las acciones de orientación para evitar el desamparo de estas personas. Estos programas de orientación y acompañamiento se desarrollan a través de entidades colaboradoras que participan en la formación y contratación de estos jóvenes, disminuyendo de este modo el riesgo de exclusión social de este colectivo.
Dado que, por razones geográficas, nuestra Comunidad Autónoma es la que ha visto aumentar el número de personas en esa situación, lo que ha propiciado que no todos los jóvenes sean atendidos bajo ese Programa y se vean en la calle, totalmente desprotegidos, el Gobierno de la Nación debe asegurar más medios para corregir estas deficiencias.
El peligro para estos jóvenes está en que, una vez fuera del sistema de protección, se encuentran en una situación de irregularidad y son más vulnerables a entrar en contacto con ambientes desfavorecidos: adicciones, delincuencia, etc. Sin embargo, diferentes estudios llevados a cabo, constatan que la intención de estos jóvenes al iniciar su proyecto migratorio no era delinquir y, en la mayoría de los casos, tampoco ejercían estas prácticas en sus países de origen.
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