UPYD Rota denuncia que hay una multitud de casos que no son castigados como “violencia de género” (la actual Ley la restringe a la perpetrada por la pareja o expareja masculina dentro, únicamente, de la relación heterosexual), tales como el ataque sexual de un depredador contra niñas pequeñas, los atroces asesinatos de una mujer y sus hijos por un pariente joven amoral, la explotación sexual a menores, las víctimas de trata, las que son esclavizadas mediante matrimonios forzados, entre otros.
La lacra de la violencia de género nos continúa sobrecogiendo: 39 muertes y 8 casos en investigación, en lo que llevamos de 2016. Pero, además, hay otros crímenes contra niñas y niños (1 menor asesinado, más 25 menores huérfanos por violencia de género) y contra mujeres que escapan al marco de la ley vigente dado su carácter restrictivo.
UPYD lleva años señalando que la actual Ley de Violencia de Género ha sido una ley desenfocada, maximalista, injusta e ineficaz. Desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2005 hasta 2010 las cifras de asesinatos de mujeres no disminuyeron. A partir de entonces, sí disminuyó, pero según UPYD, esto podría ser debido a la pérdida en los últimos años de un millón de habitantes en nuestro país como consecuencia de la crisis. Tampoco, que sepamos, se ha evaluado la distinta incidencia de la violencia de género en las Comunidades Autónomas, que la hay y muy notable, con Leyes de Igualdad más que diversas en sus enfoques. Es urgente partir de un análisis riguroso de todo ello.
UPYD reconoce que la Ley también ha tenido aspectos positivos, entre ellos, incluir un enfoque integral de respuesta, así como medios judiciales, policiales, sociales y presupuestarios que se han dedicado a la lucha contra esta lacra. También considera beneficioso la reforma de la Ley en 2015 por la que se considera víctimas directas de la violencia de género a las hijas e hijos. No obstante, alerta de las limitaciones de estos avances, ya que en algunas CCAA y Ayuntamientos no se han implantado correctamente.
Del mismo modo, UPYD felicita el acuerdo y consenso parlamentario recientemente alcanzados para llegar a un Pacto de Estado sobre Violencia de Género, del que se siente involucrado, pero considera que contiene varios desaciertos y carencias.
Desde el partido magenta defienden que la nueva ley de violencia de género tendría que abarcar más enfoques, tal y como han hecho organismos democráticos europeos e internacionales, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas de 1993. En ese texto, ya se definía la violencia de género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.
En el caso de violencia en las relaciones de pareja o expareja (heterosexual o LGTBI), UPYD aboga por el respeto de la igualdad ante la ley para hombres y mujeres, una igualación de las penas (salvo si se aplicara el agravante de machismo probado, como en el caso del racismo), el respeto de los derechos fundamentales de denunciantes y denunciados, así como de la presunción inocencia. También apuesta por preservar niñas y niños y los mayores de la familia desarrollando una Ley de Violencia Intrafamiliar general y dando un papel primordial a la mediación.
UPYD considera que el elemento primordial de una nueva Ley sería una Educación en Igualdad, basado en los parámetros de las instituciones europeas y Naciones Unidas. Esta se vertebraría en todos los planes de estudio autonómicos y debería fomentar los valores democráticos de tolerancia, respeto, solidaridad.
Por último, se ha realizado un llamamiento al equipo de Gobierno para que en los próximos presupuestos municipales tengan en cuenta el número de mujeres que reciben recursos en esta materia y doten de partidas presupuestarias suficientes para que se pueda seguir trabajando en materia de prevención, sensibilización, educación, información, asesoramiento y atención de mujeres víctimas de violencia de género.
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