Ayuntamiento y la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz abordan la problemática que se está dando con respecto a las contrataciones de obras y servicios que se vienen realizando en los últimos tiempos por parte de la Marina Norteamericana en la Base Naval de Rota.
Existe una creciente preocupación en el municipio respecto a la repercusión que están teniendo los procedimientos de contratación que lleva a cabo la Marina de EEUU, y que están generando resoluciones no favorables a empresas españolas, muchas de ellas roteñas, que llevan muchos años prestando servicios y ejecutando grandes obras en la Base Naval de Rota con alto grado de satisfacción por parte de las autoridades americanas, pero que en los últimos años se están viendo desplazadas por empresas americanas que están aprovechando cuestiones no recogidas claramente en el actual Convenio Bilateral, en cuanto a que se generan dudas sobre si dichas empresas están realmente autorizadas a llevar a cabo dichas actividades en España, según la legislación española. Todo ello, sin menoscabo del resultado negativo que se ha venido sufriendo, como ha sido el caso del contrato de gestión del aeropuerto, por todos conocido, con un conflicto laboral que se alarga ya casi seis años.
Por este motivo, el Alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana y miembros del gobierno local, el Presidente de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), Emilio Corbacho Domínguez, su Secretario General, Jorge Fernández-Portillo, se reunieron junto a otros representantes de empresas asociadas que llevan muchos años trabajando para la US Navy en la localidad.
Sobre la situación de muchas licitaciones recientes, se van a plantear acciones a distintos ministerios al objeto de aclarar qué tipo de documentos se deben exigir a las empresas extranjeras para poder operar en España, algo que debe suponer que concurren cuanto menos, con las mismas oportunidades que las empresas españolas, que deben pasar por estrictos controles a la hora de justificar su solvencia técnica y económica, frente a la vía de acreditación o capacidad de obrar que encuentran las empresas americanas, presumiblemente mucho menos garantista.
En segundo lugar, de cara a la negociación de las modificaciones del Convenio Bilateral para la Defensa, se llevarán a cabo igualmente iniciativas conjuntas de manera que en el nuevo acuerdo se recojan claramente los requisitos que deben reunir las empresas contratistas, en un momento clave marcado por las expectativas de ampliación del personal que viene destinado a la Base y la mayor inversión que el Gobierno de EEUU tiene previsto realizar en el recinto militar, respetando por supuesto la legalidad y la libre concurrencia, pero garantizando que las empresas españolas tienen todas las garantías en estos procedimientos, dentro del espíritu legítimo y lógico de que los beneficios económicos por la presencia de la Base en Rota repercutan en la economía local y por supuesto, del lado español.
Por último, Ayuntamiento y Federación han acordado solicitar de manera conjunta al Gobierno, y más concretamente al Comité Permanente, una mayor atención en los procesos de licitación que impulsa el Gobierno de EEUU, para que se exija que las empresas adjudicatarias cumplan estrictamente con la legalidad, debiendo acreditarse que las mismas se encuentran autorizadas para llevar a cabo en España sus actividades según la legislación española, como contempla el Anejo 6 del Convenio.
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