Más de 2,2 millones de parejas se han divorciado en los cuarenta años de vigencia de la ley que se aprobó el 22 de junio de 1981 y reguló la ruptura del matrimonio, una institución prácticamente indisoluble durante la dictadura franquista.
En una primera etapa de aplicación de la ley se registraban cada año alrededor de 20.000 divorcios y el proceso que no era sencillo, ya que la norma reflejó las tensiones políticas y sociales del inicio de la democracia, en un sociedad con gran peso todavía de la Iglesia católica.
No se podía pedir el divorcio hasta dos años después de la boda y se exigía la separación previa. Ésta, además, requería alegar una causa, desde el alcoholismo o las drogas, a la infidelidad, el abandono del hogar, o la violación de los deberes conyugales.
Diez años después de su entrada en vigor, en 1991 se registraron ya más de 27.000 divorcios y una década más tarde se superaban los 39.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que comenzó a recopilar esta información a partir de 1998 gracias a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial.
Fue la ley del denominado "divorcio exprés", impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la que disparó las cifras. Ya no era necesaria la separación previa ni alegar causas y la demanda se podía presentar a los tres meses de celebrarse el matrimonio.
La inmensa mayoría de las parejas eligieron directamente el divorcio a la hora de la ruptura y las separaciones cayeron en picado hasta ser hoy prácticamente residuales.
En 2006 España alcanzó su récord de divorcios, con 126.952, y las cifras se mantuvieron elevadas en 2007 (125.777).
Pero la crisis económica hacía estragos en España y, en paralelo, comenzaron a descender los cifras de divorcios; muchas parejas, apuntaban entonces distintos sociólogos, posponían la ruptura ante la imposibilidad de hacer frente a nuevos gastos.
En 2008 la cifra de divorcios bajó un 12,5 % (110.036) y en 2009 cayó un 10,6 % (98.359).
Se recuperó ligeramente en 2010 (102.933) y los datos se mantuvieron más o menos estables un par de años, pero 2014 fue el último año en el que se superaron los 100.000 divorcios en España.
El último balance anual del INE corresponde a 2019, cuando se registraron 91.645 divorcios, un 3,8 % menos que el año anterior. Los matrimonios divorciados habían durado una media de 16,5 años.
1.100 de ellos fueron divorcios de personas el mismo sexo, que accedieron al matrimonio en 2005.
Según el CGPJ, en 2020, el año de la pandemia, se registró un desplome en las demandas de separaciones y divorcios presentadas, tras cinco años de bajadas.
Las estadísticas muestran que los españoles se divorcian menos, pero también se casan menos. El listón de los 200.000 matrimonios anuales dejó de superarse definitivamente en 2008 y en 2019 se registraron 167.613 bodas.
España ocupa de hecho la cuarta posición por la cola en la Unión Europea por su tasa de matrimonios (3,5 por cada 1.000 habitantes), tras Italia, Eslovenia y Portugal; mientras que la tasa de divorcios (1,9) se sitúa cerca de la media comunitaria.
Por comunidades autónomas, las mayores tasas de nulidades, separaciones y divorcios se registra en la Comunidad Valenciana (2,3 por cada 1.000 habitantes, según datos del INE de 2009), seguida de Cataluña (2,2) y Cantabria, Canarias, Baleares, Asturias y Andalucía, con una tasa de 2,1.
A la cola se sitúa Melilla (1,2), Aragón (1,6) y Castilla y León (1,7). Extremadura, Galicia, Navarra, la Rioja y Ceuta presentan una tasa de 1,8.
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