Concluye la vista oral del caso ERE. Durante semanas han desfilado por la sala de la Audiencia provincial de Sevilla testigos, peritos de toda índole, los investigadores y hasta los propios inculpados. Ha habido interrogatorios rigurosos, muestra de documentos e intervenciones más o menos acertadas de fiscales y letrados avanzando así cada día una macrocausa que por su complejidad hacía pensar que estábamos ante el juicio del siglo.
A la espera de conocerse el fallo correspondiente hay algunas ideas que han quedado bien claras. No ha habido ningún indicio que hable de financiación ilegal del PSOE ni enriquecimiento ilícito de los principales políticos imputados. Ni siquiera se ha cuestionado que los más de 6000 beneficiarios de las ayudas aprobadas en su día por el procedimiento enjuiciado sigan percibiendo sus emolumentos. Tampoco ha quedado demostrado que hubiera un plan preconcebido para burlar la ley, reuniones secretas, elaboración de textos o fijación de estratagema alguna para para saltarse la norma. Todo se hizo con conocimiento y aprobación del propio Parlamento Andaluz.
Según los expertos, el tribunal lo va a tener muy difícil a la hora de determinar algunos de los los delitos de los que se acusa a los que se sentaban en el banquillo, encabezados por los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una foto muy poderosa con la que se ha querido descalificar no solamente a ellos sino, también, a toda la política desarrollada por los socialistas en Andalucía. Han tenido a unos muy buenos y costosos abogados pero ha faltado una defensa política, abierta y rotunda, del trabajo realizado. Aquel lamentable “caiga quien caiga” no era más que una cobarde treta puesta en marcha por aquellos que pensabanque esto era sólo responsabilidad de cuatro chapuceros, nada que ver con ellos, limpios y brillantes intelectuales. Se equivocaban gravemente.
La marea llegó hasta el mismísimo Salón de los Espejos, en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Ahora ya es tarde para corregir los errores cometidos. Pero se está a tiempo de, al menos, aplicar lo que la misma Justicia ya ha dicho con dos sentencias en las que condena a la Junta a asumir los gastos de los letrados. Arruinados y abandonados están, sí. Pero con la suficiente dignidad para, al menos, reclamar el derecho que les asiste a que sea la administración pública a la que sirvieron la que asuma tal responsabilidad.
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