Las críticas esta semana en el Congreso por parte de tres 'padres' de la Constitución al funcionamiento del Senado van a reavivar el debate sobre la reforma de la Cámara Alta, un viejo asunto sobre el que el propio Senado ha trabajado mucho sin haber llegado nunca a dar el paso.
La senadora de Nueva Canarias María José López Santana va a dirigir en los próximos días un escrito al presidente de la institución, Pío García-Escudero, para que reúna ya la ponencia de reforma constituida hace un año y en vía muerta desde entonces, un hecho que considera injustificado especialmente cuando en el Congreso se está hablando de la Cámara Alta.
La ponencia se constituyó el uno de marzo de 2017 a instancia de esta senadora. También por iniciativa suya, la Junta de Portavoces del Senado estudiará el día 31 de enero la solicitud de que la comisión territorial del Congreso, creada para estudiar el Estado autonómico, se reconvierta en una comisión mixta formada por diputados y senadores.
"No podemos seguir así", expone López Santana en declaraciones a Europa Press. "El Senado es una agencia de colocación y responde a una visión centralista del Estado", añade la senadora, que tampoco confía en las posibilidades de esa comisión territorial del Congreso. Es a su juicio una "operación de maquillaje" de los grandes partidos, que a su juicio no quieren abordar reformas; no lo han hecho en 40 años, apunta.
La senadora confía en que la comisión del Congreso pase a ser mixta, pero exige que también se ponga a trabajar la ponencia del Senado para reformar al menos el Reglamento y cambiar el funcionamiento de la Cámara. En la legislatura 2011-2015, los grupos incluido el PP (con mayoría absoluta) redactaron una propuesta que incluía importantes novedades y daba protagonismo parlamentario al Senado, pero que como en otras ocasiones terminó en el cajón.
LOS PARTIDOS NO QUIEREN PERDER ESCAÑOS
Este miércoles comparecieron ante la comisión territorial del Congreso tres 'padres' de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca. Los tres expusieron su punto de vista sobre el desarrollo del Estado autonómico y las tensiones territoriales del país y los tres coincidieron en señalar como una de las causas del problema el Senado.
Roca llegó a decir que fue probablemente la principal "equivocación" de la Constitución de 1978 y que se diseñó mal porque había "cierta prisa" por terminar el trabajo, admitió. Herrero de Miñón confesó que no le gusta "nada" cómo funciona la Cámara, pero admitió las complicaciones de cambiarla.
Entre otras cosas, porque los partidos políticos no quieren. El jurista reveló las reticencias que se encontró Landelino Lavilla cuando habló con los grupos parlamentarios antes de redactar el informe del Consejo de Estado de 2005 que planteó una reforma de la Cámara Alta. "No estaban dispuestos a apoyar ninguna reforma del Senado que afectara al número de senadores que les correspondían", expuso el jurista. "Había una reticencia muy notable a perder número de escaños", añadió.
La Cámara Alta está constituida por 266 senadores. De ellos, 58 son designados por los parlamentos autonómicos y el resto, elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales mediante listas abiertas. Su presupuesto fue en 2017 de 53,19 millones y cada senador cobra 4.682 euros al mes (en catorce pagas) más complementos y ayudas para el transporte. También los grupos parlamentarios reciben subvenciones: se reparten 514.948 euros al mes (sólo al PP le corresponden 262.781 euros mensuales).
CAMBIOS EN LAS FUNCIONES
Herrero, Pérez-Llorca y Roca defendieron la importancia de reformar el Senado para mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Explicaron que la transformación completa de la Cámara Alta sólo puede hacerse por la vía constitucional, pero que sin llegar a tanto y con cambios en el Reglamento, se podrían lograr muchas cosas.
Por ejemplo, introducir la Conferencia de Presidentes y hacerse cargo de su convocatoria y reunión periódica como foro de encuentro y negociación de los gobiernos. De momento, la institución pone únicamente el escenario a este encuentro, que esta próxima semana hará un año de su última celebración.
La posibilidad de introducir importantes cambios en el Senado a través del Reglamento quedó claro en el trabajo sobre la reforma de la última legislatura completa, la de 2011 a 2015. Contó con la implicación también del PP en un documento que abría la puerta a una reforma constitucional, pese a las reticencias de este partido a abrir el 'melón' de la Carta Magna.
Los 'populares' no rehuyeron el asunto y todos los grupos colaboraron para dar a luz un texto que sin embargo no se aprobó. Ese había sido el compromiso en 2012, aprobar en Pleno un documento, pero el trabajo terminó con los partidos ya en precampaña electoral y con el debate catalán en auge; CiU decidió no seguir adelante y el PNV se quedó de su lado, el PSOE no vio sentido a continuar sin estos dos partidos y el PP tampoco dio más pasos, pese a tener mayoría absoluta.
El trabajo incluyó reformas sobre las funciones; por ejemplo, para convertir el Senado en cámara de primera lectura en asuntos autonómicos, por delante del Congreso, así como para dotarla de otras capacidades parlamentarias. Pero no se abordó la cuestión más difícil, el número de senadores y quién los elige.
EL BUNDESRAT
Es habitual al abordar este asunto que se mire al Bundesrat alemán como modelo de Senado federal. Miquel Roca defendió precisamente en el Congreso una Cámara Alta formada por representantes de los gobiernos autonómicos, aunque no entró en más detalles de cuál sería su función.
Pérez-Llorca, sin embargo, apostó por la posibilidad de que esos senadores autonómicos que ya existen sean designados por los gobiernos de las comunidades y trabajen en una comisión del Senado, pero sin eliminar la otra parte de la Cámara elegida en urnas. "Ahí tendríamos, para mí, un sistema mejor que el Bundesrat, porque en Alemania se ha llegado a la conclusión de que hay que ir desmontándolo, y lo van haciendo poco a poco", apuntó.
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