“Estaba malísimo. Tuve que venir a Ronda por él y llevármelo para el pueblo porque se iba a morir aquí de pena”. Así relata la madre de Salvador Vázquez González, un serrano que tenía su negocio en la ciudad, adonde vivía, hasta que acabó perdiendo su casa por una deuda que no pudo renegociar con el banco. La vivienda acabó siendo subastada este jueves, ante las críticas de una decena de personas que, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la Serranía, se reunieron a las puertas de los juzgados de la ciudad, adonde se celebró la ejecución hipotecaria.
“El procedimiento celebrado hoy [por el jueves] se tramita contra el derecho comunitario, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es por tanto ilegal, y debe ser nulo”, afirmó Javier Robles, portavoz de la plataforma. Miembros de algunos partidos políticos y de asociaciones y colectivos le acompañaron.
El propio afectado, junto a su familia, también se dio cita a las puertas de los Juzgados, y narró su historia a la prensa: “Cuando empezó la crisis el negocio, una tienda Covirán, me empezó a ir mal. Intenté que el banco refinanciara la deuda para poder seguir invirtiendo, pero hicieron oídos sordos desde un primer momento. Esto se podría haber evitado”, aseguró el afectado.
“Todo se vino abajo. Cogí depresión. Me quedé sin nada. Y todo porque, teniendo un negocio con ingresos, pedí alargar 10 años una deuda de 100.000 euros, y no me lo permitieron”.
Y añadía la madre: “Ahora vivimos cinco en casa, con 700 euros. Nos quedamos sin el piso, y con la trampa. Y algunos roban y roban”, se quejó la mujer.
“Estas situaciones son absolutamente inaceptables en una sociedad que pretende llamarse democrática”, afirmó por su parte Javier Robles, quien anunció la presentación de un recurso contra la criticada subasta, “en virtud a la sentencia europea que declaró contrario a derecho el procedimiento español de ejecución hipotecaria. La normativa española no se ajusta al principio de efectividad por hacer prácticamente imposible el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandados”, precisó Robles, quien mostró su total apoyo a la familia “y a todas las personas que puedan estar sufriendo en silencio estas situaciones que deben denunciar, porque no han hecho nada malo y no tienen nada por lo que avergonzarse”, afirmó.
“No estáis solos. Hay muchos colectivos que estamos dispuestos a defender este tipo de situaciones. A quienes les tiene que dar vergüenza de todo esto es a los bancos y a los políticos que no cambian la ley. En este Palacio de Justicia podrá haber muchas leyes, pero desde luego no son leyes justas”, concluyó Robles.
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