El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, dijo este martes que España no prevé ningún plazo para volver a debatir a nivel de ministros la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, aunque se declaró optimista sobre los contactos a nivel técnico de los últimos meses sobre este tema.
"No hay plazos, es una cuestión de seguir nuestro diálogo con los Estados miembros y con el Consejo, pero somos muy optimistas al respecto", aseguró Sampedro a su llegada a un Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el foro a nivel de ministros en el que se tiene que decidir sobre este asunto.
En el último encuentro en el que se trató el tema, el pasado marzo, España presentó un memorándum de seis páginas y dieciséis puntos en el que se señalaba que "la diversidad lingüística es particularmente relevante en España, dado que es un aspecto fundamental" de la "identidad nacional y constitucional" del país para tratar de disipar las dudas de los países más reticentes.
"Seguimos trabajando en ello y creo que estamos teniendo cada vez más retornos positivos de otros Estados miembros en las consultas que se han hecho a nivel de capitales a través de nuestros embajadores. Es un asunto que España no va a interrumpir y va a seguir defendiendo", aseguró Sampedro.
Desde que España pidió el pasado mes de agosto la modificación del reglamento lingüístico de la UE, el Gobierno ha mantenido contactos informales con los servicios jurídicos del Consejo en los que se ha puesto de manifiesto la disparidad de opiniones entre el Gobierno y los asesores legales de la institución.
El Gobierno no ha presentado a sus socios europeos, sin embargo, un informe a los servicios jurídicos del Consejo de la UE que avalen la legalidad de la medida y aclare las dudas jurídicas que distintos países europeos tienen sobre la propuesta española.
Preguntado por este informe y por las dudas de los Estados miembros más reticentes, el secretario de Estado se mostró convencido de que el documento presentado en marzo "permitía abordar todos esos asuntos" y confió en que la mayoría de socios hayan "entendido, por un tema de identidad nacional, la aspiración a que se reconozcan las lenguas oficiales".
"Y que no hay ninguna dificultad práctica para evitarlo, ni desde el punto de vista presupuestario, porque España ya ha dicho en muchas ocasiones que está dispuesto a asumir ese coste, ni desde el punto de vista legal, porque estamos muy convencidos de nuestro análisis jurídico sólido al respecto, ni desde el punto de vista de precedentes", zanjó.
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