El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, transformando la manera en la que millones de personas adquieren bienes. Desde ropa hasta tecnología, los productos que se compran en línea llegan a los hogares a través de un vasto sistema de mensajería. Sin embargo, no siempre es posible que el destinatario esté en casa para recibir su paquete,
y es aquí donde entran en juego los vecinos, quienes a menudo hacen el favor de recoger las entregas en su lugar.
A primera vista, este gesto parece inofensivo y práctico,
pero lo que muchos desconocen es que existe un riesgo legal significativo al recibir paquetes en nombre de otros. Según las normativas vigentes, las autoridades pueden imponer multas que superan los 100.000 euros si no se cumple una condición específica relacionada con la protección de datos personales.
Cada paquete que se entrega contiene información sensible, como el nombre completo del destinatario, su dirección, número de teléfono y, en algunos casos, detalles adicionales de contacto. Esta información está sujeta a las normativas de protección de datos, y si se divulga o se comparte sin autorización expresa, se considera una violación grave de la privacidad del destinatario.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto de relieve este problema en su último informe, indicando que
en 2023 se impusieron 367 sanciones tanto a particulares como a empresas, que sumaron un total de 30 millones de euros en multas. Este incremento responde a un aumento considerable en las reclamaciones por parte de los usuarios: en 2023, la AEPD recibió 21.600 reclamaciones, un 43% más que en 2022. La entrega de paquetes a vecinos o terceros sin las debidas autorizaciones es una de las causas más frecuentes de estas reclamaciones.
El problema se agrava en aquellas comunidades de vecinos sin conserje, donde las personas a menudo dependen de favores entre vecinos para recibir sus pedidos. Aunque la práctica sigue siendo habitual, el riesgo legal ha aumentado en los últimos años, y el pasado 2023 se registraron tres casos importantes que resultaron en sanciones que sumaron un total de 350.000 euros.
Estas multas se debieron a la entrega de paquetes a terceros sin las debidas autorizaciones y a la exposición indebida de datos personales.
La clave para evitar sanciones tan elevadas es asegurarse de que siempre se cuente con la autorización expresa del destinatario del paquete.
Lo ideal es que esta autorización quede por escrito para evitar malentendidos o problemas futuros. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre las empresas de mensajería, que deben garantizar que los datos personales de los destinatarios estén protegidos y no se compartan con terceros sin su consentimiento. Estas empresas también pueden recibir sanciones considerables si no cumplen con estas normativas.
Un ejemplo de esto ocurrió en 2023,
cuando una empresa de mensajería fue multada con 140.000 euros por dejar un paquete en un local comercial sin la autorización del destinatario. La sanción se impuso porque la información personal del destinatario quedó expuesta sin su consentimiento, lo que es una clara violación de la normativa de protección de datos.
Además de contar con la autorización adecuada,
los repartidores deben ser especialmente cuidadosos al elegir dónde dejan los paquetes. En ocasiones, las entregas se dejan en ubicaciones poco adecuadas o sin previo aviso, lo que también puede generar problemas. El respeto a la privacidad y la protección de los datos personales son aspectos fundamentales para evitar sanciones.
