Provincia de Cádiz

Botafuegos y Puerto II siguen sin tratamiento contra la drogadicción

Un mes después del desmantelamiento del servicio, las administraciones guardan silencio. Acaip-UGT reclama su vuelta para evitar problemas con los internos.

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  • Imagen del interior de uno de los módulos del centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras. -

Solo un día después de que Acaip-UGT denunciara el “sorpresivo adiós” de la Unidad de Apoyo a la Drogadicción, con personal de la Diputación Provincial de Cádiz y dependiente de la Junta de Andalucía, perdió la vida en Botafuegos el interno J. E. B. L. a causa del consumo de cocaína y heroína la noche anterior. Según los datos del sindicato, solo en el centro penitenciario algecireño, entre 2015 y 2019 fallecieron 25 internos, ocho de ellos por las drogas que entran en la cárcel con los presos a la vuelta de sus permisos de salida y en las comunicaciones, y ante la falta de recursos humanos y materiales para su detección.

El portavoz de Acaip-UGT José Luis Alcaraz lamenta que, un mes después de denunciar el desmantelamiento del servicio tanto en Botafuegos como en Puerto II, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias guardan silencio pese a los escritos remitidos en los reclama una solución y pese a que el diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina, puso bajo el foco a las administraciones autonómica y central.

Concretamente, De la Encina aseguró que Diputación se ha visto obligada a cerrar las unidades de tratamiento “por la falta de un marco legal que dé seguridad jurídica” a la misma, y emplazó a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Junta y la de Instituciones Penitenciarias a regularlo nuevamente. Asimismo, aseguró que se ha mantenido en contacto con la dirección de ambos centros, aunque Acaip UGT niega este extremo. Por último, se comprometió a que un trabajador social emitirá los informes para facilitar los grados hasta que se retome la actividad.

Alcaraz considera que esta propuesta “es un parche” y sostiene que nunca debieron abandonar la cárcel el psicólogo y el trabajador social que, solo en 2019, atendieron a 109 reclusos. “El servicio debe restaurarse mientras se solventa el problema legal”, remarca, porque “el trabajo del Centro Provincial de Drogodependencias recaerá entretanto en los equipos técnicos y de seguridad interior de prisión, que ya están sobrecargados”. Y augura problemas. “Los internos seguirán consumiendo tóxicos, lo que generará violencia y agresiones, pues la característica principal de la mayoría de estos episodios es los protagonizan internos con patologías duales, con problemas psicológiocos que consumen drogas”, explica.  

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