La Junta de Andalucía ha conseguido que Málaga, Cádiz y Sevilla no se encuentren ya entre las diez provincias españolas con mayor número de solicitudes de pensiones no contributivas pendientes de resolución. “Se han tomado cartas en el asunto”, admite José Gil, portavoz del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), entidad que pidió amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, en febrero de 2020, justo antes de la irrupción del coronavirus, ante el colapso administrativo. Entonces, la comunidad registraba 7.647 expedientes que sufrían una demora superior al plazo legal de 90 días establecido en su tramitación.
La administración autonómica, según la respuesta firmada por Maetzu, explica que “los motivos singulares de dichos retrasos, especialmente en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla, se deben básicamente a la deficitaria situación de personal con carácter estructural que atraviesan los servicios de pensiones de dichas delegaciones territoriales”.
E informa de que en julio, en plena desescalada, se aprobó “un plan de choque en materia de personal para agilizar las pensiones y la valoración de la discapacidad para la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; la gestión de las pensiones no contributivas contó con la incorporación de 31 profesionales repartidos en las distintas delegaciones, y Málaga, Cádiz y Sevilla, con diez, cinco y nueve personas, respectivamente, fueron las provincias más beneficiadas por esta medida con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta al ciudadano”.
La medida adoptada por la consejería ha funcionado en términos generales. A 31 de mayo, según los datos que obran en el Imserso, Andalucía contaba con 5.200 solicitudes sin respuesta. Pero la comparativa de las cifras en los últimos cuatro años, conforme al análisis elaborado por el Defensor del Pueblo, sigue sin dejar en buen lugar la Junta.
En este sentido, apunta que, “si tenemos en cuenta el número de expedientes pendientes en el año 2017 (3.584), lo que se encuentran sin resolver a finales de 2020 (5.432) suponen todavía un incremento cuantitativo y porcentual considerable”. Y subraya que “para la valoración de estos datos en sus justos términos, han de ser puestos en relación necesariamente con los de solicitudes de pensiones no contributivas presentadas en estos periodos. Así, desde el año 2015 se va produciendo un descenso permanente, que en el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2020 supone una disminución de 1.719 solicitudes (16,74%) en Andalucia”. De manera que, tras poner en relación ambos indicadores, se concluye que, “pese a la disminución de las solicitudes de pensiones no contributivas en el periodo comprendido entre 2017 y 2020 (-1.719), el número de expedientes no solo disminuye, sino que aumenta considerablemente (1.848)”.
En 2020, la situación se corrige porque cae el número de solicitudes presentadas por la pandemia y la consecuente paralización de la Administración durante el confinamiento duro y gran parte de la desescalada, sin embargo José Gil alerta de que el plazo medio de gestión ha pasado de una media de 96 días para las pensiones no contributivas de jubilación y de 166 para las de invalidez en el año 2017, a más del doble en el caso de las de jubilación, 195 días, y un 79% más en el caso de las de invalidez, 297 días.
Con una media de 395,60 euros, esta prestación es incompatible con el Ingreso Mínimo Vital, remarca. De modo que el atasco tiene graves consecuencias para miles de familias que precisan de ayuda urgente. “Málaga ha reducido entre febrero las solicitudes pendientes de 2.828 a 1.743; Sevilla, de 2.715 a 1.435; Cádiz, la que menos, de 1.26 a 1.009”, detalla, por lo que el conflicto no se ha resuelto.
Por ello, considera que las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz son urgentes. Por un lado, Maetzu propone que se prorroguen los planes especiales de trabajo para estas tres provincias. Por otro, pide que” se adopten las medidas de racionalidad organizativa y de índole tecnológica que aseguren a todas las delegaciones territoriales los recursos humanos y medios tecnológicos que sean necesarios para la adecuada gestión de los expedientes expedientes con el objetivo de cumplir con los plazos legalmente establecidos”.
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