Cádiz ha concentrado tradicionalmente a la
mayor parte de los etarras presos y, entre ellos, a los más sanguinarios, como Henri Parot, responsable de 39 crímenes, por una
cuestión geográfica en la política de dispersión de presos, derogada ahora de facto. En 2010, los centros penitenciarios gaditanos albergaban a m
ás de medio centenar. El cumplimiento de las condenas y el progreso de grados redujo el número hasta los
25 al inicio de esta legislatura. Un año y medio después,
solo cumplen condena en las cárceles de la provincia cinco asesinos de ETA porque el Gobierno ha ejecutado su intención, avanzada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en junio de 2018, de acercar a estos presos al País Vasco y Navarra en el “marco de la legalidad”, valorando individualmente y dando cuenta de cada caso.
“Desde que Pedro Sánchez es presidente, y muy especialmente a partir de la desescalada, en mayo de 2020,
se han realizado 226 traslados en el conjunto de España, que han beneficiado a 186 terroristas”, explica la coordinadora del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara,
85 con delitos de sangre, y 34 sin consentimiento de las juntas de tratamiento.
En Cádiz solo se encuentran ya
Aitor Cotano Sinde, condenado a 500 años de prisión;
José Mari Etxeberria, que retomó las armas tras acabar con sus huesos en prisión en los ochenta;
Óscar Barrera, detenido en 1997; e
Iñaki Bilbao y Daniel Pastor, autoexcluidos del colectivo de presos por sostener posturas más radicales.
“Es frustrante”, reconoce, porque
la mayoría está a menos de 200 kilómetros de casa”, en los centros de Logroño (21) y Zaragoza (19). Otros 58 han tenido como destino el País Vasco y Navarra. “El ministro negó que el objetivo fuera que todos recalaran en estas dos comunidades”, relata. La cuestión es importante. Ladrón de Guevara advierte de que, con la transferencia de las competencias en materia de prisiones al Gobierno vasco recientemente, se abre la puerta a potenciar el
tercer grado y la libertad condicional.
“Tememos que esto sea la antesala de la
impunidad total, con los etarras en la calle antes de que cumplan con sus condenas.
La política penitenciaria no puede convertirse en la puerta trasera de la justicia penal”, subraya, pese a que la legislación actual ya les resulta beneficiosa de por sí. Un estudio de la AVT de abril de 2019, cifraba en un 40% el procentaje de terroristas presos que quedarían en libertad antes de 2024. Ninguno pasaría más de 30 años encerrado, aunque hoy serían condenados con prisión permanente revisable.
“
No tenemos herramientas para oponernos a los traslados”, explica. Instituciones Penitenciarias y el propio ministro insisten en que los traslados son legales. “Pero nosotros pedimos que se suba el listón”. Los presos comenzaron hace un par de años “a aceptar la legalidad”, un paripé, porque no hay arrepentimiento ni perdón, según las víctimas, que vuelven a sufrir la indignidad con el fin de la política de dispersión.
“Hay que pensar en la inserción sincera y exigir colaboración con la justicia”, añade Ladrón de Guevara. No en vano, se calcula que hay más de 350 asesinatos sin que se hayan juzgado a sus responsables.
“El Gobierno no deja cerrar las heridas de las víctimas”
La banda terrorista asesinó a
Alfredo Jorge Suar, facultativo del penal de El Puerto, en 1983. Su hija,
Maria Ana, con apenas seis años entonces, ha vivido marcada por el dolor. El fin de la política de dispersión de los etarras presos lo acrecienta. “El Gobierno no deja que la herida se cierre”, lamenta.
El daño moral es insoportable.
“Si los indultos a los políticos catalanes indepedentistas indignan, ver a los asesinos volver a casa con homenajes y vítores, con jóvenes manifestándose en las calles...” le lleva a preguntarse si
“mi padre no se equivocó de sitio”. “Se está normalizando la situación”, advierte. “Otegui es un hombre de paz” y el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, le ha decepcionado. “Ha sufrido el terrorismo de ETA en sus propias carnes” y, sin embargo, es el artífice del acercamiento de los asesinos al País Vasco y Navarra.
“Pedro Sánchez se ha vendido barato”, denuncia. “Como dice Teresa Jiménez-Becerril (diputada del PP y hermana de Alberto, víctima de ETA), no han necesitado mostrar ni un poquito de arrepentimiento”. Suar reconoce que aún siente “miedo”, porque teme “que a esta gente le dé de nuevo por venir”, y frustración. “Tengo la sensación de que no hemos peleado lo suficiente por honrar a mi padre” y a las víctimas de la sinrazón terrorista, pero también apunta que
“no tenemos ni instrumentos legales ni políticos” para poner freno a las cesiones por parte del Gobierno. “Ni siquiera tenemos derecho al pataleo”, concluye.
