Presentada a principios de año, la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia por el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco ha trascendido justo en pleno debate nacional sobre la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder la medida de gracia a los presos del procés. “Esperemos que la decisión con Pacheco no sea vengativa ni revanchista”, apunta Manuel Hortas, su abogado, echando mano de los argumentos utilizados por el jefe del Ejecutivo para justificar la extinción de la responsabilidad penal de los sediciosos del 1-O frente a lo dictaminado por los magistrados del Tribunal Supremo. Pese a a que el caso entraña complejidad, con 30 años de inhabilitación por las diversas condenas acumuladas, Hortas confía en que la petición prospere. Si “en Cataluña se quebrantó la ley de forma muy grave, se produjeron alteraciones sociales y de la normalidad democrática evidentes” se plantea el perdón de las penas de los independentistas, “con Pedro”, donde no se observó siquiera quebranto económico para las arcas municipales, tendría más sentido.
Pero no lo hubo a la hora de evaluar la petición en el caso de las Horas Extras, que llevó a la cárcel a Eva Corrales, ex regidora del Ayuntamiento de Rota y clienta de Hortas, cuando el presidente ya le negó una vez el indulto. Un auténtico contradiós teniendo en cuenta que la propia Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz admitió que fue desproporcionada la condena por adjudicar iregularmente contratos de suministro a un funcionario municipal para la elaboración de trabajos de bordados para las damas y las ninfas de las fiestas locales por algo más de 42.000 euros entre 2004 y 2010. Los otros seis empleados públicos condenados en el mismo procedimiento sí obtuvieron la medida de gracia. Corrales, no, pese a que el mismo dictamen del tribunal lo recomendaba igualmente dado que no existía riesgo porque la ex alcaldesa estuviera en libertad y no tenía antecendentes, los hechos eran antiguos y cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por falsedad en documento oficial, el delito cometido, era demasiado severo.
Solo sus serios problemas de salud, enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante, evitaron que permaneciera entre rejas más de cuatro meses, entre marzo y julio de 2019. Durante ese tiempo, además, tuvo que ser ingresada en el Hospital de Valme en varias ocasiones, obligando a adoptar medidas protocolarias para su traslado en el centro de Alcalá de Guadaira donde estaba recluida. Corrales accedió entonces al segundo grado de acuerdo al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el mismo aplicado a los presos del procés. En régimen de semilibertad, duerme en casa pero debe personarse cada semana en la prisión para firmar. En agosto, podría acceder al tercer grado pero, con el cierre de la cárcel sevillana, el traslado a la provincia podría perjudicarle.
Ante esta eventualidad, el entorno de la ex primera edil apunta a que estaría valorando una nueva petición de indulto. Con argumentos a favor y el cariño de sus vecinos intacto, tiene ánimos renovados para afrontar la solicitud tras la sentencia de la Audiencia de Cádiz que la absuelve, junto a los otros procesados en el caso Convenios Urbanísticos, Lorenzo Sánchez y el constructor Felipe Castellano, al considerar que no adjudicaron de forma ilegal obras públicas al promotor a cambio de que éste aumentase su relación contractual con las empresas vinculadas al que también fuera alcalde de Rota, y condena al pago de las costas a la socialista Encarnación Niño por actuar con “temeridad y mala fe” en su denuncia.
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