La crisis política abierta por Marruecos esta semana con la avalancha de unas 8.000 personas que accedieron a Ceuta en respuesta a la acogida por parte del Gobierno español del líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, ha puesto de manifiesto la extrema debilidad de España en el plano diplomático, en el control de las fronteras y la seguridad.

La ocupación de la antigua colonia por parte Rabat y sus reivindicaciones de soberanía sobre los territorios ha generado tensiones durante los últimos 40 años. La diferencia está en que EEUU se ha puesto de parte de Marruecos.

“Ceder el Sáhara generaría un problema serio de aguas territoriales que acabaría afectando  Ceuta y Meilla y también al archipiélago de las Islas Canarias”, advierte Agustín Rosety, diputado nacional de Vox, quien reclama junto a ATME, el debido reconocimiento a los militares que han participado en la operación.

Jucil y Salvamento Marítimo también demandan medios ante la llegada de kayaks y embarcaciones de juguetes en aguas del Estrecho y el colapso del centro de acogida de San Roque.

Finalmente, entidades sociales como Andalucía Acoge y SOS Racismo han censurado las devoluciones en caliente y han reivindicado que se respete, porteja y garantice los derechos humanos y la dignidad de todas las personas facilitando vías regulares y seguras de circulación.

“Marruecos no es quien para decidir si se acoge a Brahim Gali”

“No ha sido un error traer a España a Brahim Gali”, líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), gravemente enfermo de Covid, asegura sin atisbo de duda Gely Ariza. La presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas) subraya que Rabat “no es quien debe decidir si se acoge o no a Gali” y advierte de una posible escalada de tensión porque el reino alauí se siente fuerte después de que el pasado 10 de diciembre, el ya ex presidente de EEUU, Donald Trump, reconociera la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados.

“España, como potencia administradora, con responsabilidad aún sobre el territorio, debe ser clara y clave”, explica, y acabar con “la inacción” de hace más de 40 años para evitar “chantajes” como el sufrido esta semana, con la invasión de Ceuta, aprovechando “las debilidades de España como Estado”. En este sentido, considera fundamental el concurso de la Unión Europea para poner en marcha “un plan de arreglo” de acuerdo a la legalidad internacional; “hay que plantear soluciones políticas para una crisis política”, remacha.

Ariza, cuya entidad defiende la celebración de un referéndum de autodeterminación, lamenta el trágico episodio sufrido en la frontera, pero señala al Sáhara Occidental, “donde se repiten a diario imágenes como la de la ciudad autónoma”. Marruecos, apunta, tiene intereses económicos muy importantes en la región, minerales y pesqueros, y no duda en hostigar a la población, “con la violación sistemática de los derechos humanos”, como en el caso de la activista Sultana Khaya, que sufre varios meses de arresto domiciliario por reclamar la liberación de los territorios ocupados.

“No podemos dar dinero para que Rabat ejerza de gendarme en las fronteras”

El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, lamenta profundamente “la instrumentalización de las personas en procesos migratorios para ejercer presión política”. “Espero que el comportamiento nefasto de Marruecos esta semana tenga responsabilidades internacionales”, agrega, al tiempo que admite su temor a que este verano sea especialmente “caliente en el Mediterráneo” por la crisis abierta con España.

“El Gobierno no puede asumir el chantaje”, advierte, censurando que se haya entregado a Rabat 30 millones de euros para combatir la inmigración irregular en plena invasión de Ceuta. “No podemos dar dinero para que el reino alauí ejerza de gendarme”, remarca. “Es preciso un cambio radical en la política migratoria española y europea facilitando vías regulares y seguras con un enfoque de derechos”, sostiene su organización en un manifiesto remitido este miércoles a los medios de comunicación y suscrito igualmente por Asociación Pro Derechos de Andalucía (APDH-A), Elín, Iria Red Acoge y la Federación SOS Racismo.

El portavoz de esta última entidad, Imanol Legarda, expresa su preocupación por “las expulsiones colectivas o en caliente”, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no obstante, niega que se hayan producido. “No están permitidas por la ley”, recuerda, y cita las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020, para subrayar que las autoridades “deben individualizar cualquier tipo de medida”.

Por otra parte, reclama que se velen por los derechos fundamentales en cualquier circunstancia, especialmente los de la protección de la infancia y el interés superior del menor. En este sentido, censura el discurso del odio que cataloga a los niños como menas, “como si pertenecieran a un grupo terrorista”, y confía en que en el reparto entre las comunidades autónomas y en su acogida se anteponga su condición de la infancia por delante de la condición migratoria. Finalmente Legarda también hace un llamamiento al Gobierno central y los gobiernos autonómicos para facilitar el tránsito de los migrantes desde el sur peninsular a la frontera francesa, para evitar problemas como los registrados en Bidasoa.

El portavoz de Andalucía Acoge hace extensiva esta demanda de respeto de los derechos humanos, solidaridad y dignidad con quienes permanecen en el territorio. Morales lamenta la muerte de dos inmigrantes en un incendio registrado esta misma semana en un asentamiento de inmigrantes en Lucena del Puerto un par de días después de otro en Palos, que dejó a cerca de 200 personas en la calle. “Hay niños nacidos en Andalucía que solo han conocido la infravivienda y localidades donde hasta el 10% de su población, toda inmigrante, vive en chabolas”. “Es necesario crear una red de albergues y facilitar el acceso a la vivienda”, propone porque “la situación empeora especialmente en Huelva y Almería”.

“Ellos juegan con las personas y nosotros estamos sin medios”

La periodista e investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos Helena Maleno advertía en su cuenta de Twitter el lunes por la mañana que “desde ayer (por el domingo) circula la información de que Marruecos ha dejado de vigilar sus fronteras, permitiendo el movimiento de personas en la ruta del Estrecho. El mal tiempo y la desesperación pueden poner cientos de vidas en riesgo”.

Para entonces, Sebastián Sánchez, marinero de la Salvamar Arcturus, de Tarifa, llevaba seis horas rescatando a personas que trataban de alcanzar la costa a bordo de kayaks y embarcaciones de juguetes. Aún se jugaría el tipo otras seis horas más en una jornada maratoniana que acabó con 127 migrantes socorridos por Salvamento Marítimo entre Valdevaqueros y Punta de Europa. “Reclamamos a la empresa que reforzara la plantilla ante la crisis desatada con Marruecos”, dado que se han retirado dos trabajadores por cada salvamar, poniendo en riesgo la vida de los profesionales y de los ocupantes de las pateras, pero obtuvieron un no por respuesta.

La falta de recursos humanos y materiales quedó patente igualmente en el Centro de Atención Temporal de San Roque, que se encontraba lleno 24 horas después. “En el Campo de Gibraltar tenemos días malos con el narcotráfico y días peores”, lamenta Rafael Sánchez, secretario provincial de Jucil en Cádiz, “y la inmigración masiva hace la que situación sea absolutamente caótica ya que no contamos con apoyo institucional ni político”. Sánchez alerta de que el buen tiempo incrementará los flujos a partir de este mes y hasta octubre. “Marruecos juega con la vida de las personas y a nosotros nos faltan personal y vehículos”, subraya. Mientras, el Gobierno compra 90 quads 4x4 por 1,48 millones para Rabat. “El miércoles nos manifestaremos en Cádiz para reclamar la declaración de la comarca como zona de especial singularidad” para garantizar un mayor gasto en seguridad.

La Asociación de Tropa y Marinería (ATME) también expresó su malestar porque “los militares somos la última esperanza de España en caso de crisis, pero somos tratados como servidores públicos de tercera”. El diputado de Vox por Cádiz Agustín Rosety sostiene que España “no tiene credibilidad internacinonal” por la falta de inversión en las fuerzas armadas y apuesta por atajar los problemas del Ejército, que pasa en gran medida por la temporalidad. Esta semana, Rosety defendió en el Congreso un propuesta para terminar con los efectivos a los 45 años, que fue rechazada, finalmente, con los votos en contra de PP y PSOE.