Los ánimos vuelven a estar caldeados a cuenta de la ocupación ilegal de las vías pecuarias deslindadas. “La Junta no ha recuperado ni una sola en los últimos veinte años”, asegura Juan Clavero, histórico integrante de Ecologistas en Acción. La propia Administración lo ha reconocido, sostiene, en una reciente reunión mantenida con el responsable de la delegación territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, en la que los representantes del colectivo denunciaron la condena a un vecino de El Bosque, Gaspar Corbacho, por cortar una alambrada que impedía de forma ilegal el tránsito por el Descansadero de Las Cañas, en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
No es la primera sanción impuesta a senderistas y activistas por defender el libre tránsito por los caminos rurales, quienes también han sufrido amenazas y agresiones. Clavero hasta fue víctima de una trampa para vincularlo con el tráfico de drogas que, gracias a las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil, llevó al juzgado al administrador y dos empleados de la finca La Breña del Agua, propiedad de un empresario belga, y a un sujeto más que actuó como infiltrado para dejar 47 gramos de cocaína en el vehículo del ecologista.
El presidente la organización, José Manuel Franco Ibáñez, ha remitido una carta al director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Francisco Moreno, lamentando “los conflictos generados por el cierre de caminos públicos y vías pecuarias” y la “total impunidad” que gozan los autores, “que se permiten el lujo de denunciar” a quienes se atreven a circular por dichas vías.
Franco Ibáñez le reclama que se proceda a garantizar el libre tránsito por todas las vías pecuarias del parque, comenzando por las deslindadas y las clasificadas que conservan claramente su trazado, y la ejecución del Plan Andaluz de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias para deslindar la totalidad de las vías pecuarias en la zona.
Y, finalmente, plantea que se adecue un sendero señalizado por la Colada de Argamazón a la Laguna del Perezoso, vía pecuaria que ilustra las consecuencias del corte ilegal durante décadas. El escrito detalla que el desarrollo de la vegetación la hace intransitable por el abandono, pese a que se consensuó una solución con el entonces delegado y la dirección del parque en septiembre de 2017 para dale solución.
“No hay interés alguno por parte de las administraciones”, lamenta Clavero. “Nadie contesta a solicitudes de información, no se atienden denuncias ni se tramitan expedientes sancionadores por la ocupación ilegal”, agrega.
Ante esta situación, adelanta que Ecologistas en Acción no descarta acudir a los juzgados. La anulación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dos autorizaciones de ocupación de una vía pecuaria en Carmona les anima. Concretamente, el TSJA confirma la sentencia del juzgado contencioso número 14 de Sevilla, que desautoriza la el proyecto aprobado por la Junta de Andañucía en la vía pecuaria Vereda, para el cultivo de olivar en regadío. La magristrada estimó que “el interés particular para obtener el aprovechamiento de los suelos de vía pecuaria debe decaer ante el interés general que establece un deber prioritario de conservación de las vías pecuarias y, por consiguiente, el carácter restrictivo que necesariamente deben tener esas ocupaciones, salvo justificación de excepcionalidad”.
“El cultivo no es una razón excepcional”, subraya Clavero, quien apunta casos en los que sí vinculados a la instalación de tuberías para el suministro de gas o tendido eléctrico. En concreto, 72 vías pecuarias cuentan con expedientes de autorización de ocupación. Durante el año 2019, se tramitaron 115 expedientes, siendo 41 expedientes nuevos y 285 liquidaciones, con un importe de 193.539,03 euros. Y, en 2019, la Administración autonómica ingresó por liquidaciones correspondientes a ese año 178.581,68 euros.
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