Hay cola para los programas de intervención para agresores de violencia de género, dentro y fuera de la cárcel. En Puerto III, donde 270 de los 1.250 internos cumplen condena al menos por un delito de este tipo, se registraron 60 solicitudes en la última edición, pero el cupo máximo por taller y anualidad es de quince personas. “Faltan recursos económicos”, lamenta Rocío Benítez, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, que imparte programas de reeducación desde hace ocho años también con grupos y fondos muy limitados en Botafuegos y en sus propias instalaciones.
Desde 2005, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias viene desarrollando estas actuaciones, en colaboración con el tercer sector, que son voluntarios para los condenados a pena de prisión y obligatorio cuando son impuestos por la autoridad judicial en sentencia en tres casos: como contenido de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, previamente aceptada por la persona condenada; acuerdo de suspensión de condena condicionada a la realización de programas formativos, de igualdad de trato y no discriminación o similares; y la imposición de la medida de seguridad de libertad vigilada que consista en la realización de dichos programas.
Dan resultado. Quince años después, la tasa de reincidencia de los agresores que participan en los cursos es de un 7%. Sin ellos, la probabilidad de que reincidan es de un 100% superior a los hombres que sí abordan su ira y la incapacidad de gestionar sus emociones.
Heinrich Geldschläger, uno de los pocos expertos en el tratamiento de agresores, sostuvo hace tres años en una entrevista con La Voz que “dos cada tres que realizan los tratamientos completos son recuperables”. Hoy, al otro lado del teléfono, insiste en que “es posible reeducar, los resultados son esperanzadores”.
Es importante ahondar, primero, en las razones que esgrimen. La investigadora de la Universidad de Cádiz Beatriz Jurado participó en una investigación para analizar detalladamente, con 129 reclusos en centros penitenciarios de Cáceres, Sevilla y Alicante, “las estrategias de minimización y negación de la responsabilidad a las que con frecuencia recurre el agresor de violencia de género para explicar los actos cometidos”. En primer lugar, el equipo de expertos concluyó que “los agresores que afirman haber recibido una educación parental basada en el afecto y la comunicación o una autoestima alta asumen en mayor medida sus actos”. Entre las respuestas que ofrecen para justificar su delito está “culpar a la víctima, indicando que sus acciones fueron fruto de mentiras, exageraciones, características o conductas de la mujer”. También declararon que fue en defensa propia o se autoexculparon mencionando la bebida, las drogas o los problemas personales.
“Al analizar cómo el agresor asume su responsabilidad después de haber sido condenado y su relación con otros factores, se dispone de más información para aplicar medidas en los planes de intervención educativa que propicien un cambio de actitud”, sostiene Cruz, quien es partidaria de evaluar el autoconocimiento de las habilidades emocionales, la empatía, la dependencia emocional, la autoestima, el apoyo familiar percibidio o la debilidad social. “Es importante tratar de entender qué herida sufre cada uno, qué herida se creó en la infancia, se reforzó en la familia y ha llevado a una relación insana con un igual”, explica.
La profesora de la UCA indica que, una vez que los programas impulsados por la la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se han transformado en una verdadera pena comunitaria, las administraciones públicas deberían ofrecer tratamiento previo “a los hombres que perciban que algo va mal”.
Conexus, la asociación en la que trabaja Heinrich Geldschläger, ofrece este servicio en Cataluña, comunidad pionera en la rehabilitación. “Acuden hombres por iniciativa propia, impulsado por sus propias parejas o por medios de profesionales sanitarios, eductivos o policiales”. En este sentido, considera de vital importancia formar a estos colectivos para que sean capaces de detectar indicios de maltrato y derivar al agresor a especialistas. En Algeciras, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent trabaja en esta línea, pero ni siquiera tiene dependencias destinadas específicamente para ello. Con compromiso de las administraciones y fondos, podría ampliarse la cobertura. En este caso no hay cola, pero sí demanda y, sobre todo, necesidad de actuar para evitar la violencia.
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