Las pantallas cortavientos instaladas a finales de 2013 no solucionaron el problema medioambiental que sufren los vecinos del Río San Pedro, pese a que los entonces presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) José Luis Blanco y alcaldesa de Puerto Real Maribel Peinado mostraban su satisfacción por la inversión y daban por cerrado el debate. “La ciudadanía puede estar completamente tranquila de que la actividad portuaria no generará inconvenientes a la barriada”, aseguró, confiada, la primera edil.
Las pantallas cortavientos que se instalan ahora, con Teófila Martínez colocada al frente de la APBC, tampoco funcionarán. Lo tiene claro José Antonio Montilla, que sufre con sus vecinos desde hace años la contaminación de micropartículas en suspensión a causa de la descarga a descubierto de graneles derivados del carbón, abonos y otros áridos en el Bajo de la Cabezuela.
“En el mejor de los casos -apunta el representante de la Plataforma Vecinal Río San Pedro-, se podrá reducir la polución, pero no eliminar”. En la zona manda el viento. No se puede dominar. Si sopla levante, el polvo acaba en el interior de las viviendas de los gaditanos de la barriada de La Paz; con el Poniente, resultan perjudicados los habitantes de la zona de Puerto Real.
Las consecuencias para la salud son serias. Montilla esgrime estudios científicos que vinculan este tipo de fenómenos contaminantes con una menor esperanza de vida. Ecologistas en Acción, por su parte, lleva más de una década advirtiendo de que la degradación de la calidad del aire produce asma y alergias, problemas cardiovasculares e incluso cáncer de pulmón. “Aquí hay niños con pulmonía en pleno verano”, advierte el portavoz vecinal, al tiempo que lamenta el inútil gasto de dinero por parte de la entiddad que dirige la ex alcaldesa de Cádiz. El proyecto de ejecución de las pantallas de protección durante la manipulación y acopio de graneles y otras medidas para la mejorar medioambiental de la dársena de La Cabezuela fue adjudicado en junio a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U. por 1,29 millones de euros (IVA excluido).
“La única alternativa es que las descargas se realicen bajo techo”, explica Montilla. La APBC lo sabe y lo asume, al menos, desde los tiempos de Rafael Barra al frente de la entidad, hace más de una década. El caso de Alicante marca, además, el camino en los últimos años. La Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas logró que la Consejería valenciana de Medio Ambiente instara a la autroridad portuaria que llevara a cabo un “proyecto constructivo de naves cerradas y en depresión para la realización de la manipulación de graneles”.
Entretanto, hay que tomar medidas preventivas cubrir el material con lonas, que los acopios no superen en altura las pantallas cortavientos y que los camiones solo abandonen los muelles una vez realizada una limpieza previa de las ruedas y los bajos para evitar que la partículas entren en la ciudad. Además, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha estimado nuevas alegaciones planteadas por los vecinos al proyecto de la nueva terminal de graneles del Puerto de Alicante y ha revisado la autorización de emisiones con el fin de permitir solo a los materiales no pulverulentos las operaciones de manipulación y almacenamiento al aire libre, según informó EFE en junio.
Lejos de tomar nota y apostar decididamente por la reducción de la contaminación, la APBC, con Teófila Martínez, proyecta incrementar las actividades contaminantes, disponiendo de los antiguos terrenos de Delphi para ello, pese a que son propiedad de Ebion.
Ecologistas en Acción señala en sus alegaciones al documento inicial estratégico y borrador del Plan Especial del Puerto de Cádiz, presentadas que “las previsiones de crecimiento según el plan de empresa 2018 pronosticaban un crecimiento anual del 5,12% en el año 2019, del 5,7% en 2020 y del 5,29% en 2021, que se justifica por el crecimiento de los graneles líquidos con el pleno rendimiento de sus instalaciones, el incremento de graneles sólidos por la llegada del tren a la dársena de La Cabezuela y, finalmente, por la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores”. La organización explica que son “previsiones no fundamentadas, que solo reposan en el aumento del tráfico de graneles sólidos y líquidos, puesto que el de contenedores seguirá limitado hasta que la nueva terminal esté operativa, el de cruceros se resentirá durante largo tiempo por el Covid y la conexión ferroviaria con el Bajo de la Cabezuela no está operativa”.
Ecologistas en Acción ha expresado su desacuerdo con esta decisión por “su evidente impacto contaminante”. Daniel López Marijuán pone sobre la mesa actividades económicas que no conllevan el pago de un peaje medioambiental y de salud por parte de los vecinos.
Por un lado, propone buscar nuevos usos para “la fallida nueva terminal de contenedores, volcada hacia la deconstrucción (reciclado ecológico de buques) y descontaminación de residuos Marpol (residuos generados durante el servicio de los buques, así como en sus operaciones de mantenimiento y limpieza). Por otro lado, propone la instalación de un aerogenerador en la Punta San Felipe, incorporando a Navantia en sus tres factorías al proceso de diseño, fabricación, instalación, montaje, aprovisionamiento, mantenimiento y reparación de parques eólicos marinos.
“Los espacios de oportunidad que ofrece la Zona Franca renovada y el nuevo espacio portuario deberían ser semilleros de iniciativas empresariales ambientalmente limpias y tecnológicamente avanzadas”, agrega. Los vecinos del Río San Pedro también lo creen.
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