La improvisación y la falta de recursos en la vuelta al colegio ha puesto de manifiesto para Javier Fernández Franco, portavoz de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que la enseñanza “no es un servicio esencial en España”. Considera necesario rebajar ratios y contar con más espacios para dar clase, y aclara “que el absentismo preventivo y unilateral no tiene encaje en el ordenamiento jurídico”.
¿Se ha actuado tarde para organizar la vuelta a las aulas?
–La guía con medidas fue publicada el 1 de septiembre. En ella hay contradicciones con el decálogo remitido a los centros en agosto. Debemos tener en cuenta que la Conferencia Sectorial de Educación llegó a un acuerdo nacional de mínimos el 27 de agosto. Tras eso, el 3 de septiembre se dictó una circular que flexibilizaba la organización curricular, la atribución docente y permitía la semipresencialidad desde 3º de ESO. Es una evidencia que las decisiones de calado se han tomado muy tarde.
¿Son suficiente los protocolos?
–Eso va a depender de cada tipo de centro y la zona en la que esté ubicado. Reconozcamos que el asunto es muy difícil. Las soluciones deben ser sistémicas. El sistema educativo no está al margen de la sociedad. Aquí deben fajarse la Consejería de Educación, la de Salud, la de Asuntos Sociales, la de Trabajo (fijando los criterios que regulen la conciliación familiar y laboral) y los Ayuntamientos. Educación por sí sola no puede, ni podrá nunca. La Administración no puede escudarse únicamente en la autonomía de los centros porque aquella precisa, no de más, sino de mejor Administración que acompañe y promueva proyectos. Autonomía y calidad en la gobernanza son las dos caras de la misma moneda. La escuela nació entre promesas emancipatorias que se muestra incapaz de satisfacer plenamente porque superan sus posibilidades.
¿Cómo va a ser la inspección?
–Vamos a subordinar el control ya potenciar el asesoramiento, la información, la colaboración. Vamos a estar cerca de los centros sirviendo de atalaya para el intercambio de buenas prácticas, para poner al servicio de los claustros y familias la experiencia acumulada. Es tiempo de valentía y ahora más que nunca se hace imprescindible el inspector de referencia. No nos vamos a esconder. Los equipos directivos están trabajando con mucha profesionalidad y los inspectores estaremos a su lado para ayudarles en todo.
“Si Bachillerato y FP se impartieran por la tarde se liberarían espacios para hacer desdobles a coste cero”
¿Es la ratio la clave?
–Las ratios tendrían que haberse reducido de oficio seleccionando aquellos centros más masificados y con alumnos más vulnerables. Evitando la talla única para todos. Un dato: en el curso 2017-18 el número medio de alumnos por profesor a tiempo completo estaba en 12,4 en España. Andalucía con más de 13 alumnos por profesor se encontraba en el puesto 16 por la cola, sólo superada por Madrid. Ahora bien, debemos reconocer que Andalucía tiene el mayor número de alumnos de toda España. Nuestro sistema educativo es de mayor complejidad y envergadura que el de Portugal. Pero el sentido común hace inviable la idea de responder solo con el aumento de docentes porque no existen espacios adecuados ni suficientes para ubicar al alumnado. Si, por ejemplo, Bachillerato y FP se impartieran en horario de tarde, se liberarían muchos espacios para poder hacer desdobles a coste cero para el contribuyente. Sorprende que esa medida no se haya ordenado por la Consejería. Debemos advertir que asistimos a una progresiva intromisión de los especialistas más diversos en la labor docente.
¿Es suficiente el personal de refuerzo?
–Insisto en que las soluciones tienen que ser sistémicas. Los docentes de refuerzo se tendrían que haber incorporado el 1 de septiembre para planificar bien y coordinarse adecuadamente. Echamos en falta docentes de refuerzo en el segundo ciclo de educación infantil, etapa ésta no atendida. No obstante, debemos reconocer que la Consejería ha puesto sobre la mesa el mayor presupuesto de la historia con 7.200 millones de euros y 6.419 nuevos docentes, ha reforzado el personal de limpieza en los IES y se han acometido obras menores en casi un millar de centros por valor de 25 millones de euros. Además, se van a repartir 150.000 dispositivos digitales. Aun así, todos los recursos serán siempre insuficientes ante el problema educativo de mayor envergadura de los últimos 40 años.
¿Cómo se van a llevar a cabo las sustituciones de profesorado en caso de baja?
–Las bajas de larga duración serán sustituidas por docentes interinos. En caso de ausencias de corta duración el centro tiene que tener elaborado su plan de sustituciones con el personal propio de plantilla para atender al alumnado, lo que primará sobre cualquier otro tipo de reducción horaria que se pudiese tener por coordinación, labores administrativas o de dirección, que no podrá utilizarse para tal fin.
¿Qué pasa si no se lleva a los niños a clase?
–La asistencia a clase no es una opción sino una obligación legal de los 6 a los 16 años. Sólo se permite la ausencia a las clases por prescripción médica o por causa de fuerza mayor autorizada por los organismos competentes. El absentismo preventivo y unilateral, a la carta, por parte de las familias, hoy por hoy, no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Además, el artículo 154 del Código Civil define los contenidos de la patria potestad, constituyendo la asistencia al colegio uno de esos pilares. El Tribunal Constitucional sentenció en 2010 que la escuela en casa u “homeschooling” no tiene cobertura legal. Por lo tanto, sólo primará el derecho a la salud sobre el derecho a la educación si y solo si, lo decreta la autoridad sanitaria. No obstante, dicho absentismo tiene que ser reiterado, duradero, planificado y persistente, no esporádico para ser delictivo. Esto significa que una hipotética condena por un presunto delito de desamparo o abandono tipificado en el art. 226.1 del código penal es el vértice de un largo proceso. Lo mejor es siempre el diálogo, la información y compromiso mutuo entre el centro y las familias.
“El absentismo tiene que ser reiterado, duradero, planificado y persistente para ser delictivo”
¿Actúa de igual manera la administración si no se lleva a un niño en infantil que en primaria?
–No de ninguna manera. La educación infantil es voluntaria a todos los efectos, por lo tanto, ni se le puede aplicar el protocolo de absentismo regulado en la norma, ni tampoco se puede anular de oficio la matrícula a un alumno ya escolarizado en un centro.
¿Qué consecuencias tendrá para los alumnos esta crisis?
–Veremos aumentar de manera notable la inequidad educativa en toda España porque seguimos sin comprender que el semillero para la prosperidad de un país está en la educación que provee. Menos mal que salíamos más fuertes.La educación no es un servicio esencial en España, ni una prioridad. De hecho, fue apartada inmediatamente de las tareas de la Comisión para la reconstrucción nacional del Congreso de los Diputados. La educación no es un asunto de Estado.Hay quienes están interesados en hacer del desencuentro una batalla política propicia para la confrontación: así nunca avanzaremos.En lugar de ofrecer soluciones se regalan denuncias porque la ideología tiene en educación más peso que el soporte empírico de las diferentes metodológicas.
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