Actualizado: 12:11 CET
Martes, 04/08/2020

Provincia de Cádiz

Covid-19 y temporeros: Alcalá del Valle mira a Francia

La localidad observa preocupada los brotes de coronavirus en Perpiñán, donde trabajan ahora unos 600 vecinos. Ante el regreso en agosto, el alcalde pide test

  • Las explotaciones agrícolas y los temporeros están en el foco por numerosos brotes detectados por toda la geografía nacional.

Alcalá del Valle está tan pendiente de la evolución de la pandemia en España como en Francia desde el primer día. Entre marzo y hasta octubre, cada año desde hace varias generaciones, hasta un millar de temporeros se desplaza a las principales zonas de producción hortofrutícola del país vecino para la recolección. En lo más duro de la crisis sanitaria, ya han tenido el corazón en vilo por los obstáculos que hallaron para poder llegar a su destino o volver a casa.

“Muchos de los trabajadores encontraron dificultad para cruzar la frontera”, relata Rafael Aguilera, alcalde del municipio y, durante algún tiempo, empleado también en las campañas francesas. Pero lo consiguieron con paciencia, utilizando rutas alternativas, burlando la seguridad. Iban con contrato. Se jugaban el sustento del resto del año. Alguna familia tuvo que volverse al completo porque fue imposible.

“Hicimos infinidad de gestiones con los consulados y con Yolanda Díaz”, la ministra de Trabajo y Economía Social. Hasta que se reguló el flujo laboral adoptando medidas preventivas como la obligatoria cuarentena.

El problema ahora está en el retorno fechado para mediados de agosto de entre 300 y 400 temporeros que han estado en Perpiñán. Otros 200 continuarán hasta final de verano. La situación se está poniendo fea por momentos. El viernes pasado, el Gobierno de Emmanuel Macron recomendaba vivamente a sus ciudadanos no viajar a Cataluña, donde los brotes de coronavirus se han descontrolado. También se han registrado contagios masivos en territorio francés. El cierre de la frontera nuevamente es una amenaza cierta.

“He puesto en conocimiento de esta circunstancia a Alberto Garzón (el ministro de Consumo) y preparo un escrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al consejero de Salud, Jesús Aguirre”, explica el alcalde, “porque quiero que se les haga test a los que deben regresar para descartar la infección o tomar las medidas oportunas en el caso de que exista algún caso”. Aguilera no se fía de la cuarentena. “No sabemos cómo hacerla cumplir”.

El temor en Alcalá del Valle está fundado. La localidad sufrió un contagio masivo en la residencia de mayores a finales de mes de marzo, que se saldó con el fallecimiento de nueve internos. Otros 30 ancianos fueron trasladados el 24 de marzo a la residencia de tiempo libre El Burgo Turístico, en La Línea, tras el llamamiento del primer edil a las administraciones cuando se contaban 60 afectados, y regresaron al pueblo el 11 de mayo no sin antes someterse a pruebas diagnósticas, al igual que la plantilla del centro. El virus ha sido devastador y ha dejado cicatrices en el municipio.


“Pero se ve que debo hablar en griego”, lamenta ante la falta de respuesta hasta el momento por parte de los gobiernos para garantizar un regreso seguro de los temporeros. “No me dejan hacer los exámenes clínicos incluso si los adquiero”, se queja.

Aguilera reclama que se elabore un protocolo sanitario porque los vecinos no van a dejar de irse a trabajar fuera. En septiembre, para la manzana y la cereza. En marzo del próximo año, para la campaña del melocotón, la nectarina y el albaricoque. En Andalucía no sale a cuenta trabajar. “Entre 300 y 1.000 kilómetros, qué más da. Si uno se va de su hogar más lejos, a otro país, es por dignidad”, remarca. “En Francia se reconocen derechos; aquí se pisotean”, remacha.

Pone de ejemplo lo que, según cuenta, se paga por jornal en Antequera y en la zona de Montalbán en la recogida del ajo: 25 euros, asegura. El desplazamiento y la comida corren a cuenta del empleado, que acaba “con las manos hechas jirones”. Eso, lamenta, “está sucediendo en el corazón de Andalucía”. “Lo de Huelva es inhumano”, añade. No en vano, un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra se ha desplazado hasta Lepe para estudiar la instalación o campamento de tiendas, literas, y material de habitabilidad para ayudar a prevenir posibles contagios por coronavirus en asentamientos que se encuentran en precarias condiciones tras los dos incendios. Y, continúa, en Valencia “se trabaja la naranja por palé, con 400 o 500 kilos, y los trabajadores no cobran más de 50 euros al día”.

Las condiciones de vida durante el tiempo de la recolección también son distintas. Frente al hacinamiento visto en los entornos de explotaciones agrícolas en Huelva o Almería, se ofrecen alojamientos decentes. “En Perpiñán aún hay alguna infravivienda”, admite, pero la tónica general es que “el patrón se preocupa por las condiciones en la que se establecen los temporeros”. Ahora, su deber es preocuparse por las condiciones en la que vuelven a su hogar.

El Gobierno insiste en la incidencia de la explotación laboral en el sector agrícola

El Gobierno ha negado que se haya diseñado una campaña ‘ad hoc’ para el campo con el fin de detectar posibles casos de explotación laboral o de esclavitud, como declaró la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz en plena desescalada. En respuesta parlamentaria a preguntas de varios diputados nacionales del Grupo Popular, el Ejecutivo indica que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realiza anualmente campañas de economía irregular en casa uno de los sectores de actividad de la economía. “Las especiales circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma se han tenido en cuenta en la campaña en el sector agrario”, ha aclarado. No obstante, en otra respuesta parlamentaria, en este caso a preguntas de diputados de Vox, acude a los datos de la última memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019, con datos de 2018, para remarcar las situaciones de explotación laboral y trata de seres humanos no afectan de forma generalizada a ninguno de los sectores, “si bien tienen incidencia en el agrícola”.

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