Actualizado: 13:53 CET
Martes, 22/09/2020

Provincia de Cádiz

Ecos en Cádiz del conflicto de Oriente Medio

La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio sigue su ofensiva judicial contra mociones para declarar municipios Espacios Libre de Apartheid israelí

  • El alcalde de Cádiz tras declarar en septiembre del año pasado por la querella de ACOM.

La Diputación Provincial de Cádiz ha concedido asistencia jurídica al Ayuntamiento de Jimena para asumir la defensa de la entidad local en el procedimiento abierto a instancia de la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). La organización presentó un recurso contra el acuerdo de Pleno del 16 de marzo de 2017 de adhesión a la campaña denominada Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), vinculada a la organización BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

“El acuerdo plenario obliga al Gobierno local a no contratar ninguna empresa, producto u organización israelí o con relación con el pueblo judío”, remarca Ángel Mas, presidente de ACOM. “Es inconstitucional”, agrega, tajante. Y así, sostiene, lo han dicho los tribunales en 69 sentencias favorables. “Las instituciones no pueden favorecer ni penalizar a nadie por su origen nacional o su etnia particular”, insiste, y acto seguido cita el artículo 14 de la Carta Magna íntegramente.

En la provincia, ACOM se ha anotado victorias judiciales ante los ayuntamientos de Conil, Barbate y El Puerto de Santa María. Además del procedimiento referido con Jimena, también mantiene abierto otro con el Ayuntamiento de San Roque, pendiente de resolución.

Aunque, sin lugar a dudas, el pleito con el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha sido el que mayor interés mediático suscitó. Si bien el contencioso administrativo estableció la irregularidad de la suspensión de un ciclo de cine israelí por parte del equipo de Gobierno local, el juzgado de instrucción 1 de Cádiz no observó prevaricación y delitos de odio en la decisión municipal, y dictó el sobreseimiento de la causa abierta por ACOM contra el regidor, dos de sus concejales y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A).

“No se trataba de un acto de odio, sino de un acto de amor, defensa y respeto por los Derechos Humanos”, valoró Kichi. “(La anulación del ciclo de cine) se enmarca en la defensa de la libertad del pueblo palestino, en el rechazo a la ocupación ilegal israelí y el apartheid, tal y como señalan las resoluciones internacionales que sostienen esta realidad”, explicó.

Mas, sin embargo, tacha la campaña de “antisemita” y lamenta que se apele a los derechos humanos para camuflar “una estrategia de hostigamiento contra el Estado de Israel, Estado amigo de España, sus ciudadanos, sus empresas y a quienes lo apoyamos, basada en la deslegitimación, demonización, deshumanización y el doble rasero”.


El presidente de ACOM carga contra Unidas Podemos, sus marcas locales, y muy especialmente contra la APDH-A. “Tienen una fijación enfermiza y no van a parar. Van contra el judío como individuo colectivo”, denuncia sin ocultar su indignación.

“Las mociones aprobadas en Pleno tienen consecuencias”, advierte, “no son meras declaraciones”. Echa mano de tres ejemplos. En una de las localidades donde se aprobó, algunos comercios colocaron pegatinas en los establecimientos con el texto “Espacio Libre de Apartheid” y es inevitable, dice, “sentirse como en la Alemania de los años 30”. Pero, además, el acuerdo en los ayuntamientos de Gijón y Mollins de Rey estuvieron a punto de impedir la celebración de un partido de la selección española de fútbol contra Israel en El Molinón e impidió a las jugadoras del equipo de waterpolo de la selección femenina de waterpolo a usar las instalaciones municipales.

“Imagina que esto mismo se hiciera con Marruecos”, plantea. “Imagina que un Ayuntamiento decide boicotear a  los ciudadanos marroquíes de origen o a quienes expresan sus simpatías por los marroquíes por la ocupación del Sáhara. Impensable”, afirma, al tiempo que advierte de que es inviable competencialmente. “Un consistorio no puede declararle la guerra a un país”.

Pese al varapalo con Kichi, Mas adelanta que OCAM “va a pedir justicia contra los cargos públicos que promueven y respaldan estos acuerdos”. Y lamenta que todos los partidos, sin excepción, han apoyado en algunos casos iniciativas contra Israel. “Aquí no cabe la equidistancia. No se le puede exigir a Israel lo que no se le exige a Rusia o Turquía”, señala.

Finalmente, recuerda que OCAM continuará con la ofensiva judicial, pero el espíritu de la organización es reforzar los lazos históricos, culturales, sociales y económicos entre Israel y España. “Compartimos intereses a ambos lados del Mediterráneo y somos frontera de la civilización occidental con países con otros estándares de gobierno”, concluye.

ACOM denuncia subvenciones públicas millonarias a organizaciones antisemitas

La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) sostiene que la Junta de Andalucía “ha financiado a una serie de ONG vinculadas a organizaciones terroristas árabes, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), designado organización terrorista por EEUU, la Unión Europea, Canadá e Israel”, o con “un claro ideario antisemita y discriminatorio”. Entre 2016 y 2017, periodo que abarca el estudio de ACOM, “al menos cinco millones de las arcas públicas andaluzas han ido a parar a estas organizaciones” por medio de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También, añade el informe, desde el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, “ambos históricamente gobernados por el PP”. ACOM vincula a cargos políticos de Unidas Podemos y el independentismo catalán con algunas de estas entidades, como Asamblea de Cooperación por la Paz, Paz con Dignidad y Unrwa. De Al Quds Andalucía dice literalmente “que es una asociación muy vinculada al entorno de Teresa Rodríguez”, líder de Andalucía Adelante.

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