La presión ha sido insoportable en los centros penitenciarios durante el confinamiento pero el balance de contagios y víctimas entre la población reclusa (2 fallecidos y 84 positivos) y la plantilla (cuatro muertos y 275 contagios) indican que las drásticas medidas adoptadas a partir del 14 de marzo y el buen hacer de los funcionarios han dado resultado sin que, por otra parte, se hayan registrado incidentes de consideración.
Con las imágenes en televisión de las revueltas generalizadas en las prisiones italianas, “sellamos las instalaciones”, relata José Luis Alcaraz, portavoz de Acaip-UGT en Botafuegos, “porque temíamos que el virus se colara”. Habría sido devastador. “El estado de salud de los presos está muy deteriorado”, apunta. En el centro algecireño, en torno a 300 de los 1.300 internos, sufre algún tipo de patología médica crónica, como diabetes o dislipemias, asociada ésta última al desarrollo de enfermedades cardiovasculares; unos 60 están infectados por VIH y otros 146 padecen Hepatitis C. “Botafuegos tiene la peculiaridad de que, por su situación geográfica, es puerta de entrada de numerosos casos de tuberculosis procedentes del Magreb”, añade. Y calcula en el medio millar los reclusos con tratamiento psiquiátrico.
El corte de comunicaciones conllevó además la interrupción del suministro de sustancias estupefacientes. Según Alcaraz, más de la mitad de la droga, el 55%, entra a través del departamento de ingresos, al regreso del interno tras disfrutar de un permiso de salida. El 38%, por medio de las comunicaciones interiores, aprovechando el disfrute del preso con amigos, familiares y allegados. El 7% restante, lo hace a través de paquetes con ropa u objetos autorizados. “Esto provocó grandes conflictos que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trata de tapar, pero que solventamos los funcionarios”, asegura el portavoz de la asociación Tu abandono me puede matar, Manuel Galisteo. Lo que unido a la incertidumbre y la saturación de los módulos de aislamiento con posibles casos, provocó, añade, casi una treintena de incidentes en el conjunto de España en solo dos semanas, dos en Puerto II y Puerto III. Hasta el 3 de junio, la organización ha registrado 65, seis en la provincia.
El Gobierno rebaja la cifra. De acuerdo a los datos contenidos en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado nacional de Bildu Jon Iñarritu, ha habido catorce plantes y protestas colectivas desde el inicio del confinamiento y el 21 de mayo. En el caso de Cádiz, el Ejecutivo indica que el pasado 19 de marzo, con “ánimo de alterar el orden aprovechando la situación”, los reclusos de Puerto III llevaron a cabo una protesta colectiva. El responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Cádiz, Ángel Luis Perea, confirma este extremo pero aclara que “el incidente no tuvo que ver directamente con el coronavirus y que, en cualquier caso, fue sofocado de manera inmediata y sin ningún problema gracias a la profesionalidad de los compañeros”, que lo estaban pasando realmente mal porque por esas fechas no disponían de equipos de protección individual para desempeñar sus responsabilidades.
Perea considera que las medidas adoptadas han funcionado. Ha habido tensión, pero se ha rebajado porque se retomaron pronto las videollamadas, se ha facilitado el acceso al tercer grado telemático a unos 200 reclusos entre Puerto III y Botafuegos, lo que alivió levemente la masificación y se están retomando las comunicaciones.
Al respecto, el coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-A), Francisco Miguel Fernández, urge a recuperar el vis a vis y ha reclamado desde hace semanas que se agilizara la desescalada en términos generales. Entre otras demandas, que cayeron en saco roto, estaba la de permitir a las familias y personas allegadas de los presos a trasladarse a cárceles de otras provincias para hacer efectivas, algo prohibido en las fases anteriores. Exige, además, aprovechando la crisis, que todas las personas presas sean destinadas a un centro penitenciario que esté en la misma región sanitaria o provincia de su lugar de arraigo.
Acaip-UGT discrepa con respecto a ampliar y profundizar el plan de desconfinamiento. José Luis Alcaraz equipara, insistiendo en que la población reclusa es grupo de riesgo por motivos sanitarios, las cárceles con las residencias de mayores. “No se puede ir al mismo ritmo que en la calle”, remacha.
De hecho, explica, las instalaciones penitenciarias están adaptando módulos para que aquellos que disfruten de permiso queden aislados durante dos semanas de manera preventiva una vez que regresen a las celdas. Este problema, un auténtico quebradero de cabeza en cuanto a la organización de espacios y recursos humanos, se solucionaría rápidamente disponiendo de test de detección rápida del coronavirus, pero no los hay.
“Hay que extremar las precauciones porque esto no ha acabado”, agrega Manuel Galisteo, y advierte: “Si entra el virus en la cárcel, caerán como chinches”. Además, alerta de que el flujo de droga se ha reactivado pero no entra en grandes cantidades, lo que genera disputas, por la oferta y su precio y puede provocar problemas médicos por consumir dosis elevadas en poco tiempo. En situaciones normales, el precio de la droga se multiplica por cuatro, en el caso del hachís, con una bola de hachís de 10 gramos a 100 euros, e incluso por diez con la heroína, alcanzando el gramo los 200 euros. “Este es el principal problema con el que nos encontrábamos antes de la pandemia y es el principal problema ahora”, añade. La dificultad para detectarla, dado que suelen introducirse en las instalaciones ocultas en alguna cavidad del cuerpo, empetadas en el argot, y la falta de medios impiden atajar el problema. Ahora, explica, hay cinco unidades caninas para los 64 centros en toda España. Y tampoco son infalibles, según el tipo de droga.
Las consecuencias sanitarias por el consumo de sustancias prohibidas y las exigencias de atención y prevención médica por la pandemia han evidenciado, además, la necesidad de mejorar la asistencia dispensada dentro de prisión.
En este sentido, tanto Apdh-A como los sindicatos coinciden en que es urgente que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las comunidades autónomas agilicen los trámites para que estas asuman las competencias sanitarias respecto de las cárceles de sus territorios, tal y como estableció la Ley General de Sanidad 16/2003 en su disposición sexta hace ya más de 15 años. Es una buena medida para que, una vez evitada la catástrofe por coronavirus, mejoren las condiciones y los centros se refuercen para cualquier nueva eventualidad.
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