El número de pensionistas ha registrado una leve caída desde principios de este año en Cádiz. Concretamente, la cifra de perceptores se ha reducido en 314 personas entre enero y mayo, hasta situarse en los 222.260 beneficiarios.
El fenómeno se sitúa en la misma línea que la tendencia observada en el conjunto nacional. De esta manera, el Ministerio de Seguridad Social abonó este mes 9.754.137 pensiones contributivas, 38.508 menos que en abril, lo que ha supuesto una rebaja en la factura sin precedentes de 9.853 millones de euros.
La incidencia del coronavirus explica, en primer término, el descenso. En la provincia, han fallecido oficialmente a causa del virus 139 gaditanos con más de 65 años, lo que representa el 88,5% del total de las víctimas mortales de la pandemia.
En España, con un porcentaje similar al provincial, el 90% de las muertes se ha producido entre infectados con más de 60 años, según indican los datos del Ministerio de Sanidad.
Pero, además, el decreto del estado de alarma, que ha restringido la libertad de circulación durante los dos últimos meses, obligó a cerrar las oficinas y, por lo tanto, se han formulado menos peticiones de jubilación. El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp) confirma este extremo por medio de uno de sus portavoces. Jesús Galván indica igualmente que el descenso de solicitudes también se ha notado entre las pensiones no contributivas.
Concretamente, cifra en un 60% la caída como consecuencia del cierre de los registros presenciales y la no habilitación de un registro en línea para envío de la documentación, y apunta que la brecha digital, la falta de medios informáticos y los escasos ingresos de las personas aspirantes a una pensión no contributiva han contribuido a esta grave situación.
La entidad calcula que se han dejado de presentar en torno a las 3.000 solicitudes. “Ello hará que en mayo se acumulen 5.000 más a las 27.753 actualmente sin resolver”, añade. Del total, casi 7.000 solo en Andalucía, al frente de la clasificación regional.
Galván remarca que, según datos del Imserso, once comunidades (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Galicia, Canarias, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha) mantienen a 30 de abril expedientes de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez sin resolver en el plazo legal de 90 días que establece el decreto 286/2003 de 7 de marzo. “Ni con el fuerte descenso en la presentación de solicitudes por la pandemia, las comunidades han sido capaces de gestionarlas”, lamenta.
Por ello, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas ha exigido al Gobierno central que no transfiera la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a estas once regiones, “una vez comprobado que retrasan sistemáticamente la tramitación que les fue transferida de las pensiones no contributivas por encima del plazo legal establecido”. Y han solicitado asimismo al Ejecutivo que admita las solicitudes no resueltas o muchos de ellos, en un estado de necesidad extrema, no podrán cobrar ni pensión ni Ingreso Mínimo Vital.
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