El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera (IU), no dudó en reclamar primero y antes que nada la ayuda del Ejército en cuanto conoció el contagio masivo en la residencia de mayores de la localidad, el pasado 22 de marzo. La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de toda España fue habitual desde prácticamente el primer día del estado de alarma, pero se ha ido incrementado en las últimas tres semanas conforme han crecido la demanda para llevar a cabo labores de desinfección de infraestructuras básicas y para la prestación de auxilio sanitario.
Concretamente, de acuerdo a la información facilitada por el jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya, en comparecencia pública esta semana, hay desplegados unos 7.000 efectivos en 190 localidades españolas como parte de la denominada Operación Balmis. Pero algunos de esos “compañeros han pasado de estar luchando contra la propagación del coronavirus a despedirse forzosamente al día siguiente de las Fuerzas Armadas por cumplir 45 años”, advierte Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
“Estamos dando el callo y vamos a seguir dándolo con una sonrisa y con la más absoluta predisposición, como el personal sanitario”, señala, pero “no podemos silenciar una situación discriminatoria que se agrava en plena crisis por la pandemia”.
El 85% de la tropa y marinería que participa en la operación contra el Covid-19 tendrá que abandonar el Ejército al cumplir los 45 años, explica. Durante este año, han empezado a hacerlo y lo harán, según las estimaciones de ATME, 1.187; en 2021, 1.480; en el próximo lustro serán 9.000. Esto, unido al cierre de los centros de formación y el aplazamiento de las pruebas selectivas correspondientes al primer ciclo del proceso de selección, impidiendo la incorporación de nuevos hombres y mujeres, afectará a la operatividad militar.
Por todo ello, ATME ha solicitado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inicie las trámites políticos y administrativos necesarios para que, con carácter urgente y extraordinario, se modifique la Ley de Tropa y Marinería y la Ley de la Carrera Militar para prorrogar el compromiso de larga duración para el personal temporal que lo finaliza por edad en el año 2020 y voluntariamente lo solicite.
Pero, con el objetivo de paliar igualmente la falta de personal y teniendo en cuenta de que la crisis se prevé larga, y para evitar los efectos físicos y psicológicos en aquellos que están llevando a cabo tareas pesadas, Gómez Martín considera que el Gobierno de Pedro Sánchez debe activar a aquellos reservistas de especial disponibilidad (RED) que así lo deseen.
“No tiene sentido que con la que está cayendo yo esté aquí, en el sofá, viéndolo por televisión”, lamenta el cabo Jenner López, responsable de la Asociación 45 años sin despidos.
“Es inconcebible que se pueda disponer de más medios humanos y no se esté haciendo uso”, agrega. López afirma que “los compañeros están afrontando jornadas maratonianas”. Desde las siete de la mañana a las ocho de la tarde. “Se está saturando a la UME (Unidad Militar de Emergencia)”, dice, y lamenta que “podrían hacerse turnos y relevos”. “Hemos patrullado en Irak, Afganistán o Mali, podemos hacerlo ahora aquí”, subraya.
Enríque Estévez, madrileño afincado en La Isla desde hace 25 años, es reservista de especial dedicación con experiencia en mecánica, pero también en labores sanitarias. Desde que salió en noviembre de 2017 del Ejército solo ha trabajado cinco meses. “Si me activan, no dudaré en arrimar el hombro”, asevera. Pero el Ministerio de Defensa se resiste, coinciden en denunciar los portavoces de ATME y de la Asociación 45 años sin despidos, porque les daría la razón.
“Han reincorporado a reservistas voluntarios médicos con más edad”, apunta Estévez. “Por qué sí pueden llevar a cabo su trabajo y yo no puedo sumarme a las labores de desinfección”, se pregunta. Solo con los reservistas de especial dedicación, el Gobierno contaría con 2.000 efectivos más.
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